Este jueves, luego de que el Senado la diera media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, Greenpeace repudió la decisión y advirtió que la iniciativa representa un retroceso ambiental.
Ahora, la organización espera que la Cámara de Diputados, que tiene la decisión final, frene los cambios. El comunicado se publicó luego de una protesta pública en las escalinatas del Congreso de parte de la ONG.
Allí, detuvieron a al menos 12 activistas de Greenpeace que criticaron la polémica reforma a la Ley de Glaciares con una protesta.
La puesta en escena se realizó bajo la premisa «Senadores: no se caguen en la Ley de Glaciares» e incluyó manifestantes de Greenpeace sentados en inodoros.
El Senado aprobó la reforma con 41 votos a favor y 31 en contra. La única abstención fue de la senadora neuquina Julieta Corroza. El bloque de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, votó en bloque a favor.
El proyecto pasa ahora a Diputados, que tendrá la responsabilidad de definir si convalida o frena esta modificación a una ley clave para la protección del agua en Argentina.
Qué cambia ahora para esta ley
Uno de los artículos más cuestionados es el séptimo, que habilita a cada provincia a determinar su propia autoridad de aplicación de la ley, con excepción de las áreas protegidas por la ley de Parques Nacionales.
Esa autoridad provincial será la encargada de identificar, con base en criterios técnico-científicos, qué glaciares y ambientes periglaciares de su territorio cumplen funciones hídricas estratégicas.
Los defensores del proyecto argumentan que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Sin embargo, los críticos advierten que esto le da a cada gobernador poder para favorecer intereses empresariales por sobre el criterio del IANIGLA, el organismo científico nacional especializado.
Además, varios senadores opositores señalaron que el articulado podría contradecir compromisos asumidos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aprobado por la misma Cámara Alta en la misma sesión.
La crítica de Greenpeace a la Ley de Glaciares
Greenpeace advirtió que la reforma debilita los estándares de protección vigentes y rompe el carácter de presupuestos mínimos que rige para todo el territorio nacional.
Para la organización, los principales riesgos son:
- Fragmentación de la protección: cada provincia podría aplicar criterios distintos, sin un estándar nacional uniforme.
- Riesgo hídrico para millones de personas que dependen de los glaciares como fuente de agua dulce.
- Apertura a actividades extractivas en ecosistemas frágiles, en un contexto de retroceso acelerado de los glaciares por la crisis climática.
- Pérdida de previsibilidad para comunidades y territorios que hoy cuentan con reglas claras de protección.
«La Ley de Glaciares es una herramienta clave para proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de estos ecosistemas», señaló Agostina Rossi Serra, de Greenpeace.
Y reforzó: «Su modificación no responde a una necesidad ambiental ni social«. La organización también subrayó que la ley surgió de un amplio consenso social y científico.
Por ende, su aplicación es una obligación del Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Nacional.
«La crisis climática exige más protección, no menos. Avanzar debilitando una ley que resguarda las principales reservas de agua dulce de Argentina va en sentido contrario a lo que la ciencia y la ciudadanía reclaman», concluyeron desde la organización.
Greenpeace llamó a la Cámara de Diputados a actuar con responsabilidad y a respetar el espíritu de la ley vigente.
