La asociación ecologista WWF presentó recientemente en Madrid el ‘Informe de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España 1990-2012’. Elaborado por el economista José Santamarta Flórez y la bióloga Mar Asunción, el documento incluye dos datos reveladores. Las emisiones de CO2 han aumentado casi un 20% en España en los últimos veinte años (nuestro país emitió 285 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 1993 y 344 en el año 2012) y además las emisiones de la generación de electricidad han crecido aún más, concretamente un 23,5% entre 1990 y 2012.
Dos son los ministerios españoles con competencias más directas en materia de cambio climático: el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (Magrama) -del que depende la Oficina Española de Cambio Climático- y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del que depende la política energética en este país (el sector energético es el que más CO2 emite de todos los que integran la economía española). Dos son los ministerios, y dos son las líneas principales de actuación del Ejecutivo Rajoy en esta materia. Una: los Proyectos Clima, que fueron convocados por el Magrama en 2012, apenas unos meses después de constituido el último gobierno; y dos: la supresión de las ayudas a las energías renovables, que tuvo lugar apenas 36 días después de nombrado ministro de Energía José Manuel Soria.
Los Proyectos Clima son iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, apoyadas por el gobierno, y que se han de llevar a cabo en España. Una empresa, por ejemplo, presenta su propuesta al Ministerio (por ejemplo, proyecto de desarrollo de una red de distribución de calefacción a partir de biomasa que sustituya a 200 calderas individuales de gas de todo un barrio); y el Ministerio evalúa la propuesta y, si lo considera oportuno, subvenciona el proyecto a través del denominado Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Según el Magrama, el fin de ese fondo es convertirse en un ‘instrumento de financiación climática’ que reoriente ‘la actividad económica hacia modelos bajos en carbono, al mismo tiempo que se contribuye a cumplir los objetivos internacionales en reducción de emisiones de GEI’.
