Más de un año después de un allanamiento por parte de la Policía Ecológica del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en una cantera en la que se recibían y acopiaban de forma irregular envases de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas y tras el avance de la investigación, la fiscalía de Delitos Culposos imputó a catorce personas por infracción a la Ley de Residuos Peligroso.
La labor, que contó con el apoyo de personal de la DDI Ambiental y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General, permitió establecer, con distintos grados de sospecha, la responsabilidad de los sujetos en la recepción y acopio indebido de miles de envases de fitosanitarios ya usados y otros envases con derivados de hidrocarburos y agroquímicos que compactaban y molían para su reintroducción en la cadena productiva.
Según sostuvo el fiscal Pablo Cistoldi, lo hacían “sin adoptar ningún tipo de recaudo ni tratamiento, todo ello en un modo totalmente clandestino, contaminando el ambiente en general y generando peligro para la salud de las personas”.
“La actividad atribuida a los imputados transgredió toda la normativa. Al reintroducirse mediante procedimientos totalmente clandestinos, inseguros e ilegales esos plásticos sin procesar dentro de la cadena productiva y comercial, se generó un peligro de alcances desconocidos”, indicó.
Para el fiscal se puso en riesgo la salud de quienes trabajaban en la planta sin ninguna medida de higiene y seguridad al manipular los bidones y de los vecinos aledaños que en sus testimoniales confirmaron los fuertes olores que percibían y el humo constante de la planta recicladora ilegal.
También consideró en riesgo a los operarios que recibieron y manufacturaron el producto molido y a los consumidores y usuarios –reales y potenciales- de los productos elaborados con el material peligroso que, de este modo, era reingresado al mercado. “Quizás quien lea esta imputación, o algún ser querido, haya utilizado o esté utilizando algún producto plástico contaminado con las sustancias tóxicas mencionadas. No se sabe”, dijo Cistoldi.
El fiscal se mostró preocupado sobre la posibilidad de que el hecho investigado no sea un caso aislado, sino que “exista un patrón de conductas ilícitas dañinas para el ambiente y riesgosas para la salud de la población en a cadena de gestión de los envases de residuos peligros.
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