La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que habilitaba la reanudación de desmontes en bosques nativos de la provincia del Chaco.
La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ordenó dictar un nuevo fallo en una causa que investiga irregularidades y presunta corrupción en la autorización de permisos de tala.
El tribunal hizo lugar a los recursos de la fiscalía y de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que habían cuestionado el levantamiento parcial de una medida cautelar dictada en agosto de 2024.
Argumentos centrales del fallo
- Falta de fundamentación: Borinsky señaló que el fallo anterior no explicó por qué la sanción de una nueva ley provincial implicaba un cambio real en el riesgo ambiental.
- Principio precautorio: recordó que no se requiere certeza científica absoluta para prevenir daños graves o irreversibles, citando el precedente “Mamani” de la Corte Suprema.
- Protección efectiva: se advirtió que durante la vigencia de la cautelar ya se habían detectado desmontes ilegales, lo que demuestra la necesidad de mantener medidas preventivas.
Intervención penal en causas ambientales
Borinsky defendió la intervención del fuero penal, aclarando que dictar medidas preventivas no constituye una intromisión en competencias provinciales, sino el ejercicio del rol judicial de garantizar derechos constitucionales como la protección del ambiente (artículo 41 de la Constitución Nacional).
La postura de Hornos
El juez Gustavo Hornos sostuvo que debía mantenerse directamente la cautelar, ya que aún no existe un peritaje que determine la magnitud del daño ocasionado.
Levantar la medida implicaría consolidar un riesgo ambiental irreparable. Además, advirtió que los organismos provinciales encargados del control son justamente algunos de los investigados en la causa.
Riesgo de corrupción y falta de control
La investigación apunta a un posible fenómeno de corrupción en la administración de autorizaciones de desmontes.
La fiscalía consideró “ilógico” delegar el control en la Dirección de Bosques y el Poder Ejecutivo provincial, cuando sus funcionarios están bajo investigación como presuntos partícipes de una asociación ilícita.
Implicancias sociales y ambientales
El fallo reafirma que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado afecta tanto a las generaciones actuales como a las futuras. La decisión de Casación marca un precedente importante en la defensa de los bosques chaqueños, considerados ecosistemas críticos para la biodiversidad y la regulación climática.
La resolución de la Cámara de Casación no solo frena la tala en Chaco, sino que también fortalece la aplicación del principio precautorio y la responsabilidad penal en causas ambientales. Se trata de un paso significativo hacia una protección efectiva de los bosques nativos frente a desmontes ilegales y prácticas de corrupción.
