La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó la paralización de los trabajos que la firma Global Urbanization Group ejecuta en el litoral de Berazategui.
El tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Foro del Río de la Plata, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson, anulando así un fallo previo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quilmes, bajo la tutela de Hugo Jorge Guarnieri.
La máxima instancia judicial advirtió la presencia de pruebas que sugieren un posible «daño ambiental grave e irreversible».
En mayo de 2025, las entidades civiles mencionadas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de PBA para demandar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N°6552/24.
Dicha norma municipal autorizaba una modificación en la zonificación para permitir la construcción del Distrito Eco Urbano Norte.
Daño ambiental grave
La meta del proyecto era transformar terrenos costeros —adyacentes a Quilmes— de Reserva Ambiental Ribereña a una categoría carente de protección ambiental apta para la urbanización.
No obstante, el Ministerio de Ambiente de la Provincia rechazó la convalidación de la norma por representar una regresión en la tutela del ecosistema, impidiendo que entrara en vigencia.
Por otro lado, la compañía Global Urbanization Group, liderada por los empresarios Gabriel Andrés Sussman y Jorge Hernán Yacoub, apeló al juez Hugo Jorge Guarnieri ante la negativa de las autoridades.
Solicitaron permiso para iniciar las obras de acondicionamiento del inmueble con base en la mencionada Ordenanza 6552/24.
A través de un fallo poco convencional y mediante un expediente reservado (sin acceso público), el juez Guarnieri dio luz verde a los trabajos, los cuales arrancaron en enero de este año sin poseer permisos ambientales ni contar con la fiscalización de los organismos competentes.
Al tomar conocimiento, la Suprema Corte provincial impuso un límite a la empresa, al magistrado y al Municipio de Berazategui.
El tribunal ordenó la suspensión inmediata de las obras, invalidó la sentencia de Guarnieri, le retiró la competencia sobre el expediente reservado y aceptó la cautelar de las organizaciones ambientalistas.
De esta forma, la Ordenanza 6552/24 queda sin validez hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Representantes del sector ambiental denunciaron que en los tres meses de actividad ilegal de la empresa, se destruyó una parte significativa de un ecosistema costero crítico, compuesto por humedales y bosque nativo protegido.
Subrayaron además que el juez de Quilmes parece ser el único en ignorar las irregularidades cometidas por el sector privado y el municipio, lo cual pone en peligro un entorno que actúa como barrera contra inundaciones y funciona como filtro natural para las napas que abastecen de agua a la población de Berazategui.
