La discusión sobre el uso de agroquímicos volvió a ocupar el centro de la escena en Entre Ríos tras una resolución judicial que impuso nuevas limitaciones a las fumigaciones cerca de viviendas rurales. La medida alcanza a Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante, donde vecinos y organizaciones ambientales venían reclamando mayores controles.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná y establece restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios. Además, la resolución generó fuertes repercusiones en sectores productivos y políticos de la provincia.
Mientras tanto, abogados vinculados a la Federación Agraria Argentina y representantes del Gobierno entrerriano adelantaron que apelarán el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia. De este modo, el conflicto suma un nuevo capítulo dentro de una controversia que lleva años en la provincia.
Las nuevas distancias y el alcance de la medida
La jueza María Fernanda Miotti dispuso el cese inmediato de fumigaciones próximas a las áreas protegidas por los amparos ambientales. En consecuencia, las aplicaciones terrestres deberán respetar una distancia mínima de 1.095 metros, mientras que las fumigaciones aéreas no podrán realizarse a menos de 3.000 metros.
El fallo tomó como base estudios científicos vinculados a posibles impactos sanitarios y ambientales de los agroquímicos. Entre ellos se incluyeron investigaciones del especialista Rafael Lajmanovich, utilizadas para analizar riesgos asociados a la exposición de poblaciones cercanas.
Asimismo, la magistrada fundamentó la resolución en los principios preventivo y precautorio del derecho ambiental. Según el criterio judicial, cuando existen dudas sobre posibles daños al ambiente o a la salud humana, deben priorizarse las medidas de protección.
Vecinos rurales y preocupación por el impacto ambiental
Uno de los amparos beneficiados por la medida tiene carácter colectivo y protege a habitantes de los loteos Tierra Alta I, II y III, en Colonia Ensayo. Allí, familias de la zona denunciaban desde hace tiempo aplicaciones cercanas a sectores residenciales.
Por otro lado, el segundo amparo corresponde a una vivienda familiar ubicada en Aldea Brasilera. Aunque ambos expedientes comenzaron de manera independiente, posteriormente fueron unificados para emitir una única sentencia.
En paralelo, organizaciones ambientales sostienen que este tipo de resoluciones buscan evitar la contaminación del suelo, del agua y del aire en áreas rurales donde conviven actividades agrícolas y poblaciones permanentes.
Los riesgos de fumigar cerca de zonas pobladas
Especialistas en salud ambiental advierten que las fumigaciones cercanas a viviendas pueden generar consecuencias sobre ecosistemas y comunidades humanas. Entre los principales riesgos aparecen la contaminación de cursos de agua, la degradación de suelos y la afectación de especies silvestres.
Además, las partículas liberadas durante las pulverizaciones pueden desplazarse por el aire y alcanzar escuelas rurales, barrios y áreas productivas vecinas. Esa deriva química aumenta la exposición involuntaria de personas y animales domésticos.
A su vez, distintos estudios científicos analizan posibles efectos sobre la salud, como irritaciones respiratorias, alteraciones hormonales y afecciones dermatológicas. Aunque existen debates sobre los niveles de impacto, crece el reclamo social por controles más estrictos y modelos agrícolas con menor dependencia de sustancias químicas.
Un debate que atraviesa a toda Entre Ríos
La resolución judicial vuelve a poner en evidencia las tensiones entre producción agropecuaria y protección ambiental en Entre Ríos. Mientras sectores rurales sostienen que las restricciones afectan la actividad económica, vecinos y ambientalistas reclaman mayores garantías sanitarias.
En ese contexto, la provincia continúa siendo uno de los escenarios más sensibles del país respecto al uso de fitosanitarios. Las denuncias de comunidades rurales, docentes y organizaciones sociales marcaron la agenda ambiental durante los últimos años.
Por ahora, el fallo seguirá bajo revisión judicial. Sin embargo, la discusión ya reactivó un debate más amplio sobre cómo producir alimentos sin comprometer la salud de las personas ni el equilibrio de los ecosistemas.
