En 2021, más de 200 pingüinos de Magallanes murieron en Punta Tombo, Chubut, luego de que un hombre, Ricardo La Regina, ingresara con maquinaria pesada en su campo dentro de un área protegida. Los animales murieron por aplastamiento y electrocución, en plena temporada de reproducción.
La Regina fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de masacre ambiental, en lo que se convirtió en la primera condena por ecocidio en Argentina.
La investigación y el fallo
La causa fue liderada por la fiscal Florencia Gómez, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales.
- Se convocaron 92 testigos y especialistas en suelos, fauna y ecosistemas.
- La CONAE y National Geographic colaboraron en los peritajes.
- Se acreditaron daños irreparables en zonas de alta densidad de nidos, con adultos, huevos y pichones afectados.
El fallo resaltó la fragilidad del área, reconocida por la UNESCO como Patagonia Azul y por la categoría PAICA por su relevancia en la reproducción de aves marinas.
Impacto institucional y social
El caso generó múltiples efectos:
- Creación de la primera unidad especializada en derecho animal y ambiental en Chubut.
- Triplicación del área de protección para el pingüino de Magallanes en la provincia.
- Mayor control estatal en temporadas de arribo y reproducción, con guardafaunas y relevamientos oficiales.
- Amplia cobertura internacional, que posicionó el fallo como un precedente en la jurisprudencia ambiental latinoamericana.
La revisión judicial
La defensa de La Regina apeló la sentencia. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut debe decidir si ratifica la condena y sienta jurisprudencia definitiva en materia de ecocidio y crueldad hacia animales silvestres.
La audiencia clave se realizará de forma pública, con transmisión en el canal oficial de YouTube del tribunal.
Declaraciones de la fiscal
Florencia Gómez subrayó:
“Ningún derecho es absoluto en este país. No se puede argumentar la propiedad de la tierra para arrasar la naturaleza, porque la naturaleza nos pertenece a todos y el Estado debe velar por su cuidado”.
Además, destacó que el caso envía un mensaje claro:
“Ningún estanciero puede creerse dueño de la naturaleza. La vida silvestre está protegida por el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
El caso Punta Tombo se convirtió en un precedente histórico para la justicia ambiental argentina, al introducir la figura del ecocidio y obligar a reforzar la protección de especies emblemáticas como el pingüino de Magallanes.
La decisión del Superior Tribunal de Justicia será clave para definir si este fallo se consolida como doctrina en Latinoamérica y como ejemplo de que la naturaleza no puede ser arrasada bajo el argumento de la propiedad privada.
