La minería ilegal en Perú avanza sin control en las regiones de Huánuco y Ucayali, transformando miles de hectáreas de selva amazónica en zonas devastadas.
Operativos recientes han revelado la magnitud del problema: dragas industriales, campamentos improvisados y contaminación masiva por mercurio.
Según reveló el programa Cuarto Poder, la Fiscalía de Medio Ambiente y la Marina de Guerra de Perú documentaron cómo esta actividad ilícita altera irreversiblemente el paisaje natural de la Amazonía peruana.
En zonas como Pampas Verdes, el bosque fue reemplazado por talleres de extracción de oro y viviendas precarias.
La expansión descontrolada evidencia la falta de presencia estatal en estos territorios.
Minería ilegal en Perú: el mercurio contamina ríos y destruye biodiversidad
La minería ilegal en Perú utiliza mercurio para separar el oro, contaminando gravemente las aguas de los ríos y los suelos de la región.
Esta sustancia perjudica tanto a seres humanos como a la fauna y flora locales.
Las imágenes satelitales difundidas muestran cómo en solo tres años extensas áreas de selva se transformaron en cráteres de agua contaminada y campos mineros.
Lo que era un paraíso verde hoy es tierra arrasada por dragas y maquinaria pesada que remueve el lecho de los ríos.
El impacto ambiental incluye:
- Destrucción de miles de hectáreas de la Amazonía
- Contaminación de ríos con mercurio y sedimentos
- Alteración del curso natural de las aguas
- Pérdida irreparable de biodiversidad
- Transformación del mapa hídrico regional
Según la Fiscalía de Medio Ambiente, esta actividad genera más de 12 mil millones de soles anuales, superando incluso las ganancias del narcotráfico en algunas zonas.
Las autoridades identificaron a figuras clave como Nilda Cisneros Barrientos, involucrada en la logística y financiamiento de estas operaciones ilegales.
Las comunidades, atrapadas entre economía y devastación
En comunidades como Tahuantinsuyo incluso se creó un vínculo social con los mineros ilegales ante la ausencia de gobierno efectivo.
Estos financian proyectos como carreteras y escuelas, lo que genera el apoyo tácito de la población local.
Este respaldo social permite a las mafias tomar control de vastos territorios en Perú y operar con impunidad total la minería ilegal.
Así, la población considera estas actividades como una fuente de ingresos vital para su subsistencia, a pesar del daño ambiental.
Pese a operativos conjuntos de la Marina y la Fiscalía lograron destruir maquinaria y capturar involucrados, la respuesta del Estado peruano sigue siendo insuficiente.
En zonas como Pampas Verdes y Tahuantinsuyo, los campamentos mineros incluso reemplazaron a los pueblos y la minería ilegal avanza sin freno.
Los mineros, apoyados por la comunidad, enfrentan con violencia a las autoridades, dificultando las intervenciones.
La falta de control estatal en las áreas afectadas permite así que esta catástrofe ambiental continúe expandiéndose.
Sin una acción decidida, la minería ilegal en Perú va a seguir arrasando recursos naturales y afectando gravemente a las comunidades de la Amazonía que dependen de ellos.
