Una reciente resolución de la Administración de Parques Nacionales modificó de forma drástica los límites para construir dentro de las áreas protegidas de la Patagonia. La medida duplicó la superficie habilitada en terrenos privados y elevó el número posible de viviendas y edificios en parques emblemáticos del país.
El cambio permite que un lote de 100 hectáreas pase de un máximo de 2.400 a 5.500 metros cuadrados edificables. La superficie total construible también aumentó de 3.900 a 8.900 metros cuadrados, alterando la escala de ocupación que regía hasta ahora.
Ese incremento tiene un efecto directo en el número de edificaciones. En el parque Lanín se pasó de 964 a 1.737 unidades potenciales, mientras que en Nahuel Huapi el salto fue de 1.658 a 2.944. El impacto territorial se proyecta de forma inmediata sobre zonas de alto valor natural.
Riesgos ecológicos ante una densificación sin precedentes
Organizaciones ambientalistas advirtieron que la norma abre la puerta a una urbanización acelerada dentro de los límites de las reservas. Aseguran que el incremento de viviendas transformará paisajes antes aislados en sectores densamente ocupados.
La presencia de más personas implica mayor circulación, más caminos y un aumento de servicios que modifican la estructura del ecosistema. La fragmentación por accesos, cercos y autos altera la dinámica de la fauna y reduce la conectividad natural.
El riesgo de incendios también crece al intensificarse la presencia humana. A esto se suma una mayor demanda de agua, el aumento de efluentes y la pérdida de cobertura vegetal por el desmonte asociado a nuevos asentamientos.
Falta de evaluación ambiental integral y ausencia de consulta internacional
Las organizaciones señalan que el cambio normativo no estuvo acompañado por una Evaluación Ambiental Estratégica, un análisis imprescindible para conocer el impacto acumulativo de una medida de esta magnitud. Sin ese estudio, sostienen, es imposible dimensionar los efectos a largo plazo.
Las evaluaciones caso por caso no reemplazan un análisis integral. Cada nueva obra puede parecer aceptable de forma aislada, pero juntas generan un impacto mayor que no está siendo cuantificado ni considerado.
Además, la resolución no fue comunicada a la UNESCO, a pesar de que Los Glaciares y Los Alerces —dos de los parques afectados— son sitios declarados Patrimonio Mundial Natural. La omisión podría comprometer el estatus internacional de estas áreas.
La conservación en juego: obligaciones legales ignoradas
Las reservas nacionales tienen como fin proteger ecosistemas únicos, especies emblemáticas y procesos ecológicos sensibles. La legislación argentina exige que el desarrollo humano dentro de estas áreas sea compatible con esos objetivos prioritarios.
Las organizaciones sostienen que la nueva normativa contradice el espíritu de las leyes de Parques Nacionales y de la Ley General del Ambiente. Al fomentar la ocupación en territorios frágiles, consideran que se pone en riesgo la integridad de los bosques, la fauna autóctona y los recursos hídricos.
También advierten que la medida marca un precedente preocupante, ya que habilita un modelo de expansión que podría replicarse en otras áreas protegidas del país, debilitando la protección histórica de estos territorios.
Por qué se impulsaron estas modificaciones
Las nuevas reglas de edificación responden al objetivo de actualizar el marco normativo para permitir un desarrollo habitacional y turístico mayor en propiedades privadas dentro de las reservas. La intención es otorgar más flexibilidad a los dueños de tierras y facilitar proyectos de infraestructura alineados con actividades económicas locales.
La resolución busca acompañar el crecimiento de la demanda de servicios turísticos, mejorar la oferta de alojamiento y promover nuevas inversiones. También pretende regularizar situaciones heredadas de normativas antiguas, donde muchas propiedades tenían limitaciones consideradas obsoletas para su uso actual.
Otro propósito declarado es homogeneizar criterios de construcción en distintos parques para reducir conflictos y agilizar trámites que, según sus impulsores, eran excesivamente restrictivos y no contemplaban las necesidades sociales y productivas de la región.
Consecuencias ecológicas y necesidad de revisión urgente
La expansión constructiva dentro de parques nacionales plantea un desafío para la gestión ambiental. Sin estudios integrales, la presión sobre los ecosistemas podría aumentar de manera irreversible, afectando bosques, cursos de agua y hábitats de especies nativas.
Diversas organizaciones reclaman que la resolución sea suspendida y revisada bajo parámetros ambientales sólidos. Sostienen que solo un proceso transparente, con participación científica y social, puede garantizar la protección real de los territorios patagónicos.
El debate continuará en las próximas semanas, mientras los defensores del ambiente exigen que las áreas protegidas mantengan su función esencial: ser refugios intactos frente al avance de la urbanización y el cambio climático.
