En un hecho considerado histórico para la legislación ambiental en México, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal que endurecen las sanciones contra los delitos ecológicos que afectan bosques, áreas naturales, ríos y especies en peligro de extinción.
La iniciativa busca disuadir prácticas destructivas como la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y los incendios provocados, con penas que alcanzan hasta 20 años de prisión y multas de miles de días de salario mínimo.
Votación y reservas aprobadas
Tras más de tres horas de discusión, el dictamen fue aprobado con 460 votos a favor y enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.
Se incorporaron dos reservas clave:
- Delitos forestales agravados: ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como falsificación de información para obtener registros o certificados ambientales.
- Protección de fauna en peligro: hasta cinco años adicionales de prisión cuando se cause la muerte de especies amenazadas o bajo protección especial dentro de una ANP.
Principales cambios en el Código Penal
La reforma eleva y amplía las sanciones:
- Delitos ambientales generales: de 1–9 años a 2–10 años de prisión.
- Delitos forestales: de 6–20 años de cárcel y multas de 6.000 a 10.000 días cuando el daño ocurra en ANP.
- Uso de violencia o armas de fuego: de 8–15 años de prisión.
- Tráfico de totoaba: multas de hasta 12.000 días y penas de 5–15 años, para proteger el Golfo de California y especies como la vaquita marina.
Nuevos delitos ecológicos incorporados
La reforma también tipifica nuevas conductas:
- Descargas ilegales en mantos acuíferos.
- Daños a manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes.
- Incendios provocados con fines de lucro.
- Sanciones a quienes financien o encubran tráfico de especies.
- Penas de seis meses a dos años por quebrantar sellos de suspensión.
- Delito por continuar actividades ilegales pese a la colocación de sellos.
Por primera vez, se incorpora responsabilidad penal para personas jurídicas, es decir, empresas, homologando a México con estándares internacionales.
Reservas adicionales
La diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) logró incrementar sanciones por la muerte de fauna protegida en ANP, tras una votación inicialmente rechazada por distracción en el pleno y reconsiderada de inmediato.
El senador Ricardo Monreal Ávila añadió penas de hasta 15 años para invasión de áreas forestales dentro de ANP y hasta 20 años si se usan armas o hay fines de lucro. También sanciona el uso de información falsa para engañar a consumidores, autoridades o inversionistas.
Críticas de la oposición
Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad, legisladores de oposición advirtieron que sin personal ni recursos suficientes la ley podría fracasar.
- Diana Estefanía Gutiérrez (PAN): “Endurecer penas es necesario, pero no suficiente. La Profepa tiene menos inspectores, la Conanp opera sin guardaparques suficientes y la Conafor enfrenta incendios sin recursos”.
- Teresa Ginez (PAN): “De nada sirve aprobar delitos más graves si las autoridades carecen de herramientas para operar”.
- Iraís Reyes de la Torre (MC): “Aumentar penas no detiene la deforestación, no acaba con el tráfico de especies, no reforesta montañas ni limpia ríos”.
La reforma ambiental mexicana representa un avance significativo en la protección de ecosistemas y especies, al endurecer las sanciones contra delitos ecológicos y homologar la legislación con estándares internacionales. Sin embargo, persiste el desafío de garantizar recursos, personal y capacidad operativa para que las nuevas disposiciones se traduzcan en resultados efectivos.
