Después de 63 años, la provincia de Santa Fe cuenta con una nueva Constitución, aprobada por la Convención Reformadora.
La última reforma había sido en 1962, y el nuevo texto busca actualizarse frente a los desafíos contemporáneos, incluyendo derechos humanos, tecnología y protección ambiental.
Derechos ambientales consagrados en la nueva Constitución de Santa Fe
El capítulo ambiental introduce principios clave: el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y equilibrado, el acceso universal al agua potable y segura, y la obligación estatal de impulsar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
También se garantiza la preservación de humedales, bosques y biodiversidad, y se incorpora el principio intergeneracional, asegurando que las decisiones ambientales contemplen los derechos de las generaciones futuras.
Un contexto crítico: residuos industriales y basurales sin control
Argentina genera 25 millones de toneladas de residuos industriales al año, pero solo el 4 % recibe tratamiento adecuado.
La reforma se da en un escenario preocupante. En Santa Fe, el relleno sanitario de la capital está cerca de su límite y debería ser reemplazado hacia 2027.
A nivel nacional, existen más de 5.000 basurales a cielo abierto, y según un informe de los Observatorios de Residuos Peligrosos de la UNR y la UBA, el 96 % de los residuos industriales se descarta sin control, agravando la contaminación del suelo y el agua.
Reclamos desde el sector ambiental y empresarial
Desde Catries y Caitpa, cámaras que agrupan a tratadores y transportistas de residuos industriales, celebran la reforma constitucional, pero advierten que los principios deben traducirse en políticas concretas.
“El vuelco ilegal de residuos peligrosos atenta contra el derecho al ambiente sano”, señaló Claudia Kalinec, presidenta de Catries. Solo el 9,22 % de las industrias trató sus residuos correctamente en el último año.
“Hace falta un sistema de infracciones y multas más costoso que el tratamiento, para que las empresas no sigan eligiendo contaminar”, agregó Kalinec.
Gestión metropolitana y coordinación interjurisdiccional
Para los especialistas, este contexto abre una oportunidad para establecer políticas regionales de gestión de residuos, con coordinación entre municipios, provincia y Nación.
La nueva Constitución debería fijar lineamientos claros para una gestión integrada, evitando soluciones fragmentadas o de corto plazo.
Circuitos informales y residuos peligrosos sin trazabilidad
Miles de industrias operan fuera del marco legal, generando contaminación silenciosa.
Según estimaciones de Catries y Caitpa, una parte significativa de los generadores industriales no está registrada o no cumple con los requisitos de trazabilidad.
Esto implica que residuos como lodos de curtiembres, solventes, agroquímicos y metales pesados terminan en basurales informales o mezclados con residuos domiciliarios, sin control ni tratamiento.
De la norma a la acción: el compromiso con las generaciones futuras
La Constitución marca un rumbo, pero la clave está en la implementación.
“Sin control real, seguiremos con los mismos problemas de contaminación que hoy denunciamos”, concluyó Gustavo Solari, presidente de Caitpa.
La reforma constitucional santafesina representa un avance histórico, pero su impacto dependerá de la voluntad política, la fiscalización efectiva y la articulación territorial. Solo así se podrá garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger los ecosistemas para las generaciones que vienen.
