El gobierno local reglamentó el uso de agroquímicos en Entre Ríos. Lo hizo al oficializar la reglamentación del Protocolo de Aplicación de Productos Fitosanitarios.
Allí se establecen pautas estrictas para el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas.
La medida busca garantizar la protección de la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, en un contexto de creciente preocupación y cuestionamientos por los efectos.
Qué dice el nuevo marco legal para el uso de agroquímicos en Entre Ríos
El protocolo reglamentado se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 4.477/18, que establece criterios técnicos y legales para la aplicación terrestre y aérea de productos fitosanitarios.
Esta nueva normativa busca reforzar los controles, las distancias mínimas de aplicación y las condiciones de seguridad para operarios y comunidades rurales.
Entre los puntos clave, se destacan:
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La implementación obligatoria de recetas agronómicas digitales.
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La creación de un registro de aplicadores habilitados.
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El establecimiento de zonas de amortiguamiento para proteger escuelas rurales, cursos de agua y viviendas.
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El uso de sistemas de georreferenciación para el monitoreo de aplicaciones.
Participación ciudadana y monitoreo ambiental
La reglamentación prevé mecanismos de denuncia ciudadana y la intervención de organismos provinciales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Recursos Naturales y el Área de Salud Ambiental.
Además, se avanzará en la creación de una base de datos pública, donde se registrarán las aplicaciones realizadas en cada departamento.
También se incluye la promoción de buenas prácticas agrícolas, con foco en la sustentabilidad productiva y el uso racional de agroquímicos, minimizando el impacto ambiental y priorizando métodos alternativos de manejo de plagas.
La normativa surge tras años de demandas por parte de comunidades rurales, organizaciones ambientalistas y colectivos de docentes, que denuncian los riesgos sanitarios y ambientales asociados a las fumigaciones cercanas a escuelas y centros poblados.
La reglamentación apunta entonces a equilibrar la producción agrícola con la salud pública y el cuidado del entorno natural. Esto en un escenario donde la presión por mayores rendimientos convive con los reclamos por una transición hacia modelos agroecológicos.
La reciente ley
La normativa llega meses después de la aprobación de la ley 26.117 de aplicación de agroquímicos, aprobada por una mayoría de 15 votos a favor y 2 en contra en diciembre.
El proyecto fue debatido en varias reuniones conjuntas de las comisiones de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Salud Pública y Drogadicción del Senado.
Originalmente propuesto por el Poder Ejecutivo en 2022, se retomó en la actual legislatura y recibió media sanción en octubre de este año. Pese a los puntos destacados como positivos, diferentes organizaciones ambientales hicieron conocer su oposición a las modificaciones.
Cuestionaron que solo prometía el desarrollo económico, y que poco tomaba en consideración con los problemas sociales, sanitarios y ambientales, ya que no forman parte de ninguna ecuación económica, explicó la Asociación General del Magisterio de Entre Ríos.
