Argentina es el octavo país del mundo en superficie y, por lo tanto, concentra una enorme diversidad de bienes naturales estratégicos. Desde 2011, la Ley de Tierras regula la propiedad rural extranjera y fija límites para proteger zonas sensibles.
Sin embargo, ese marco legal quedó en el centro del debate luego de que el gobierno de Javier Milei expresara su intención de reformarlo. Según la visión oficial, las restricciones actuales frenan inversiones en un contexto de crisis económica.
Mientras tanto, los datos muestran que unas 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. Aunque equivalen al 5% del territorio nacional, su distribución es desigual y genera alertas.
Un mapa que revela desequilibrios
Un mapa interactivo elaborado a partir de datos oficiales expone que en varios distritos la extranjerización supera el 50%. Estas áreas se concentran, sobre todo, cerca de la cordillera de los Andes y en zonas de frontera.
Si bien ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por ley, a escala departamental la situación cambia. Así, se evidencian focos de alta concentración en territorios ambientalmente frágiles.
Además, estos espacios suelen coincidir con reservas de agua dulce, minerales críticos y ecosistemas sensibles.
Patagonia y cordillera, en el centro del conflicto
Uno de los casos más visibles es Cushamen, en la Patagonia, donde el 23% de las tierras pertenece a extranjeros. Allí se ubica El Hoyo, afectado por incendios que arrasaron más de 13.000 hectáreas este verano.
En ese departamento se asientan grandes propietarios como el grupo Benetton, que concentra casi 900.000 hectáreas en la región. Esta presencia reaviva tensiones sociales y ambientales.
Otro punto crítico es Malargüe, en Mendoza, donde la extranjerización alcanza el 15% y crece el interés minero tras la aprobación de proyectos extractivos.
Fronteras y control del territorio
En el norte del país, especialmente cerca de Paraguay, también se detecta una fuerte presencia extranjera. Allí, la posesión de grandes extensiones facilita dinámicas difíciles de controlar.
Además, Estados Unidos lidera el ranking de hectáreas extranjeras en Argentina, seguido por Italia y España. Estas tierras se reparten en provincias clave como Mendoza, Neuquén y Corrientes. Así, el control del territorio aparece fragmentado y con escasa transparencia sobre los usos reales del suelo.
Cómo perjudica esto al país en el plano ambiental
La posible flexibilización de la Ley de Tierras podría agravar la presión sobre ecosistemas frágiles. Al facilitar la compra de tierras, se abre la puerta a actividades extractivas intensivas.
En consecuencia, glaciares, acuíferos y bosques nativos quedarían más expuestos a la degradación. Esto afectaría el abastecimiento de agua de millones de personas y la estabilidad climática regional.
Finalmente, la pérdida de control sobre territorios estratégicos debilita la planificación ambiental a largo plazo. Así, la discusión sobre inversiones se cruza con una pregunta central: quién decide el destino de los bienes naturales del país.
