En el marco de un intenso escenario político, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Entorno Periglaciar.
La iniciativa, que se discute en la Cámara de Diputados, ha generado fuertes cruces entre los distintos bloques legislativos, organizaciones ambientales y representantes del sector productivo.
Los puntos centrales de la reforma
El eje de la discusión radica en la modificación de la definición de glaciar y del ambiente periglaciar.
Según el texto impulsado por el Gobierno, se busca restringir la protección a aquellos cuerpos de hielo que cumplan con dimensiones específicas y que hayan sido registrados fehacientemente en el Inventario Nacional de Glaciares.
Los sectores que defienden la reforma argumentan que la normativa actual es «demasiado restrictiva» y que impide el desarrollo de inversiones en la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de alta montaña.
Por el contrario, la oposición y los científicos del CONICET advierten que reducir el área protegida dejaría sin resguardo a los glaciares de roca y a las zonas que alimentan las cuencas hídricas del país.
El debate en las comisiones
La estrategia del oficialismo consiste en dictaminar el proyecto en las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Presupuesto.
Los diputados de la Libertad Avanza y el PRO sostienen que la ley necesita una «actualización» para dar seguridad jurídica a las empresas, mientras que bloques como Unión por la Patria y la Izquierda denuncian un intento de «entrega de recursos estratégicos».
A lo largo de las audiencias, han expuesto diversos actores:
- Cámaras mineras: Solicitan que la ley no bloquee proyectos en áreas donde no hay glaciares de importancia hídrica confirmada.
- Ambientalistas: Alertan sobre el riesgo de contaminación y la pérdida de reservas de agua dulce en un contexto de sequía prolongada.
- Asambleas ciudadanas: Han iniciado movilizaciones para impedir que se altere el artículo que prohíbe la actividad extractiva en zonas glaciares.
Contexto y plazos legislativos
La urgencia del oficialismo responde a la necesidad de mostrar avances en la agenda de desregulación económica.
Sin embargo, la falta de consenso absoluto incluso dentro de los aliados pone en duda si lograrán los votos necesarios en el recinto sin realizar modificaciones de último momento al articulado.
La Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010, es considerada una de las normas de protección ambiental más importantes de Argentina.
Su posible reforma se sigue con atención no solo en el ámbito nacional, sino también por parte de organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de los acuerdos sobre cambio climático y biodiversidad.
