El Gobierno de Entre Ríos logró una victoria judicial sin precedentes al recuperar 5.245 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en las Islas Lechiguanas. Habían sido transferidas de forma irregular entre 1979 y 1997, en el marco de maniobras iniciadas durante la última dictadura militar.
La justicia declara nulas las adjudicaciones privadas en las Islas Lechiguanas
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná hizo lugar a la acción de lesividad presentada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Dictó la nulidad de decretos y contratos que avalaban las ventas a la firma Paraná Guazú SA y a terceros compradores.
El fallo, emitido el 29 de julio, establece que las islas son bienes del dominio público estatal. Por lo tanto son inalienables e imprescriptibles, y solo una ley nacional puede autorizar su desafectación para permitir su venta, lo que nunca ocurrió en este caso.
Política de recuperación patrimonial y defensa ambiental
Esta decisión se inscribe en la estrategia de regularización territorial impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio. Es en cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución provincial reformada en 2008.
“Las islas son bienes de todos los entrerrianos y nunca debieron haber sido apropiadas de forma irregular”, afirmó Rodríguez Signes.
El funcionario adelantó que se continuará con el relevamiento y saneamiento dominial de otras tierras fiscales indebidamente transferidas o explotadas, con el objetivo de:
- Garantizar la legalidad y el orden territorial
- Reforzar la soberanía ambiental sobre el territorio provincial
- Proteger el patrimonio público de Entre Ríos
Un precedente clave para la gestión de bienes naturales
La sentencia marca un precedente judicial relevante en la defensa de los recursos naturales y territorios estratégicos, especialmente en zonas como las Islas del Delta. Allí la presión sobre el suelo y la propiedad ha generado conflictos históricos.
Este avance reafirma el compromiso del Estado provincial con una gestión transparente y sustentable del territorio. Abre la puerta a nuevas acciones legales para recuperar bienes públicos que hayan sido cedidos sin respaldo legal.
