Diversas organizaciones ambientales reclaman al Gobierno que ratifique el Tratado de Alta Mar, un acuerdo que protege la biodiversidad de las aguas internacionales. Argentina firmó el compromiso el 18 de junio de 2024, pero un año después no se ha avanzado en los trámites para la ratificación.
Las demandas se hicieron más fuerte en esta semana, tras la asistencia del presidente Javier Milei a la III Cumbre Mundial de los Océanos de la ONU en Francia.
“Esta presencia puede interpretarse de manera positiva, siempre y cuando esté acompañada por una firme intención de ratificar el tratado”, refirió Juan Coustet, de la organización Sin Azul No Hay Verde, a Noticias Ambientales.
Para la ratificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe formular y enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Este documento deberá ser tratado y aprobado por ambas cámaras, y así el Poder Ejecutivo podrá concretar su adhesión.
Urgencia de ratificar el tratado de Alta Mar
El Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, busca conservar y promover un manejo sustentable de la riqueza de las aguas internacionales.
Las zonas de alta mar representan dos tercios de los océanos (el equivalente a casi la mitad del planeta), no pertenecen a ningún Estado y constituyen un patrimonio común de la humanidad.
“Es fundamental ratificarlo, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable”, indicaron desde el Círculo de Políticas Ambientales en un comunicado.
Según Coustet este acuerdo “constituye una herramienta clave para coordinar esfuerzos globales frente a las amenazas que enfrentan nuestros océanos”. Además de ser grandes reservorios de biodiversidad, estos ecosistemas actúan como reguladores climáticos y son los principales sumideros de carbono.
El activista refiere que algunas iniciativas que contempla el Tratado de Alta Mar son: el establecimiento de áreas marinas protegidas; los estudios de impacto ambiental obligatorios antes de desarrollar actividades en alta mar; la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, y la transferencia de tecnología y creación de capacidades, especialmente orientadas a los países en desarrollo.
Impacto del retraso
Desde 2004, cuando comenzaron las primeras reuniones en las Naciones Unidas, Argentina tuvo una participación activa en la gestación del acuerdo. Por todo ese trabajo previo, para los ambientalistas su implementación supone una responsabilidad política y diplomática.
“No ratificar el tratado implicaría un grave retroceso en materia ambiental, con consecuencias negativas para la protección de nuestros recursos. Por ende, también para el desarrollo económico que podría derivarse de su explotación sostenible. En términos sencillos, quedaríamos relegados tanto en el plano ambiental como en el geopolítico y económico”, sostuvo Coustet.
A la fecha, 135 países han firmado el tratado. 51 de ellos ya lo ratificaron (en su mayoría pertenecientes a la Unión Europea). Para entrar en vigor, el acuerdo requiere que, al menos, 60 países ya lo hayan hecho. En Latinoamérica, países como Cuba, Chile y Costa Rica ya lo ratificaron.
