Mientras el Congreso discute una nueva ley sobre agrotóxicos, Greenpeace advierte que el proyecto representa un retroceso en la protección ambiental y sanitaria.
La organización señala que la normativa propuesta consolidaría el uso masivo de estas sustancias en lugar de reducirlo.
Además, de aprobarse, esta vulneraría los precedentes judiciales que establecieron una distancia de seguridad de 1000 metros.
El polémico proyecto de ley de agrotóxicos que analiza el Congreso y denuncia Greenpeace
El proyecto que hoy analiza el Congreso fue elaborado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), que agrupa a más de 80 instituciones del sector agropecuario.
Titulado «Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios», lo sostienen diputados de la UCR y la Coalición Cívica, con apoyo del agro.
Es que, según los impulsores del proyecto, este busca «armonizar criterios» y crear un marco regulatorio uniforme para la aplicación de agrotóxicos, del cual Argentina carece.
Pese a la «buena prensa» que sostienen el campo y los legisladores, Greenpeace denuncia en particular los artículos 7 y 9 del proyecto.
Estos establecen zonas de exclusión de apenas 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones de agrotóxicos, y de 45 metros para aplicaciones aéreas.
Estos valores contrastan drásticamente con los 1000 metros fijados por tribunales provinciales en base a pericias oficiales.
Así, se facilitaría el uso de sustancias con efecto tóxico comprobado sobre organismos y ecosistemas.
Greenpeace también critica que la propuesta «no reduce el uso de agrotóxicos ni planifica su sustitución, sino que consolidaría su continuidad y rebajaría los niveles de protección existentes«.
Además, el proyecto legislativo evita deliberadamente el término «agrotóxicos» y lo reemplaza por «fitosanitarios», un cambio que Greenpeace considera político.
Según la organización, esta modificación atenúa la percepción de riesgo para facilitar la aprobación social.
Agrotóxicos en Argentina: los riesgos y los antecedentes judiciales
Greenpeace respalda su denuncia con datos concretos: estudios detectaron glifosato y atrazina en lluvia, aire y cursos de agua en Argentina.
Además, investigaciones con biomarcadores demostraron daño genético y afectación respiratoria en la población expuesta.
En el plano judicial, ordenanzas municipales como la del Municipio Campana en Buenos Aires y fallos en Sastre y Piamonte en Santa Fe también establecieron 1000 metros como umbral precautorio.
De aprobarse la nueva norma, estos precedentes quedarían vulnerados y las jurisdicciones perderían capacidad de aplicar el principio precautorio.
Greenpeace mantiene desde 2011 su crítica al modelo agrícola argentino y el uso de agrotóxicos.
Su informe «Glifosato: una estrategia tóxica» señala que el uso masivo de estos productos genera contaminación ambiental.
Además, consolida una agricultura dependiente de insumos químicos y semillas transgénicas.
A su vez, la expansión del monocultivo en las últimas décadas también tiene otras consecuencias:
- Pérdida de biodiversidad;
- degradación del suelo;
- contaminación del agua, y;
- desplazamiento de comunidades rurales.
Un contexto preocupante: más libertad para los agrotóxicos
El contexto legislativo coincide con decisiones gubernamentales que preocupan a la organización.
Por ejemplo, el Gobierno liberó recientemente las importaciones de agrotóxicos.
También redujo aranceles para su ingreso, abaratando la disponibilidad de químicos importados sin introducir criterios sanitarios ni ambientales compensatorios.
Greenpeace cuestiona además el discurso oficial de «productividad» y «seguridad alimentaria».
Según la organización, Argentina no usa agrotóxicos para producir alimentos y abastecer a su población, sino para sostener las ganancias de empresas exportadoras.
En esta línea, la ONG recuerda que el proceso legislativo ocurre mientras Atanor —uno de los principales fabricantes locales de glifosato— acumula denuncias por vertidos ilegales e incumplimientos ambientales.
En 2024, la empresa incluso sufrió una explosión en su planta de San Nicolás, evidenciando fallas en el sistema regulatorio nacional.
La propuesta de Greenpeace contra los agrotóxicos
La organización exige iniciar un proceso de reducción progresiva y salida del uso masivo de agrotóxicos.
Propone avanzar hacia sistemas agroecológicos que prioricen la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
«El desafío no es fortalecer el marco legal del negocio de los agrotóxicos, sino asegurar la protección de las personas, del agua y del ambiente«, concluye el documento de Greenpeace.
Y cierra advirtiendo que aprobar límites tan bajos de distribución significaría institucionalizar el riesgo y retroceder en el derecho a la salud y a un ambiente sano.
