Jornada en defensa de la Ley de Glaciares en Argentina: más de 30 ciudades se movilizan frente a la intención de reformar la norma

El jueves 4 de diciembre de 2025, asambleas ciudadanas y organizaciones socioambientales llevarán adelante una jornada nacional de movilización para defender la Ley de Glaciares, sancionada en 2010. Esta norma prohíbe la actividad minera y otras prácticas extractivas en los glaciares y en sus zonas aledañas, conocidas como ambientes periglaciares, que funcionan como reservas naturales de agua.

La convocatoria surge luego de que el presidente Javier Milei manifestara su intención de impulsar una reforma de la Ley de Glaciares con el fin de habilitar la actividad minera en áreas actualmente protegidas.

La importancia de la Ley de Glaciares

Las organizaciones remarcaron que el objetivo principal de la jornada es visibilizar la relevancia de esta ley para la protección del agua y de los ecosistemas cordilleranos.

En un mensaje conjunto, recordaron:

“En 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, logró la sanción de la Ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios y, por ende, la vida de las comunidades”.

Los glaciares cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática:

  • Contienen casi tanta agua dulce como todos los lagos del planeta.
  • Reflejan la luz solar y ayudan a disminuir el calentamiento global.
  • Su derretimiento parcial en verano sostiene el caudal de ríos esenciales para la agricultura, los mallines, la flora y la fauna.

Además, parte del agua de los glaciares andinos llega a ríos como el Paraná, el Paraguay y el Pilcomayo, convirtiéndolos en reservas estratégicas de agua dulce para vastas regiones del país.

Movilizaciones en todo el país

La jornada incluirá marchas, radios abiertas, festivales y actividades informativas en distintas provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones se concentrarán frente al Congreso de la Nación para exigir que no avance ninguna modificación a la ley vigente. También habrá reclamos en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La importancia de la Ley de Glaciares, a 15 años de su sanción.
Organizaciones socioambientales se movilizan en todo el país frente a la intención de reformar la norma.

Los puntos centrales del debate

La polémica gira en torno a la tensión entre la protección del recurso hídrico y la posible habilitación de actividades económicas, especialmente mineras.

Protección hídrica vs. actividad económica

  • Defensores de la ley actual: sostienen que los glaciares y ambientes periglaciares son esenciales para el suministro de agua potable, la agricultura y el cumplimiento de compromisos internacionales.
  • Industria minera: argumenta que las definiciones actuales son demasiado amplias y restringen el 75 % de las áreas con potencial minero.

Definición de “glaciar” y “ambiente periglacial”

Se plantea la necesidad de clarificar las definiciones para evitar contradicciones. Una propuesta es que un decreto reglamentario especifique el objeto de protección, como los glaciares con función hídrica.

Competencia nacional vs. provincial

Algunas voces sugieren que las provincias definan los glaciares y ambientes periglaciares en sus territorios, lo que podría implicar un retroceso respecto de la ley nacional vigente.

Marco jurídico

La Ley de Glaciares fue confirmada como constitucional por la Corte Suprema en 2019, tras rechazar un pedido de inconstitucionalidad de la minera Barrick Gold.

La discusión sobre modificar la Ley de Glaciares resurge en el contexto de la urgencia por atraer inversiones, pero genera una fuerte controversia. Para las organizaciones socioambientales, la norma es un pilar fundamental en la protección del agua dulce y en la lucha contra la crisis climática.

La jornada nacional de movilización busca enviar un mensaje claro: los glaciares son reservas vitales de agua y su protección no puede ponerse en riesgo por intereses extractivos.

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