El comercio ilegal de vida silvestre es un delito complejo, que se estima que por su tamaño es el tercer mercado ilícito global, con un valor de U$D 7.000 a 23.000 millones anuales, luego del tráfico de drogas y el contrabando. Ha ganado creciente atención pública debido a sus impactos sobre la biodiversidad y el involucramiento de redes del crimen organizado transnacional, la cual se refleja también en situaciones de extrema violencia en América Latina y el Caribe, que es la región con el mayor número de asesinatos de activistas ambientales, de acuerdo a reportes internacionales.
La diversidad de ecorregiones y especies que posee Argentina, sobre todo en el Norte del país incentivan al mascotismo y el coleccionismo. Las más buscadas son el cardenal común y el amarillo, federal, tucán, rey del bosque, loro hablador, urraca paraguaya, reptiles, tortugas, monos, felinos, ciervos, mamíferos marinos y edentados. Caza, captura, tenencia, crianza, transporte, comercio, exhibición y manufactura son algunas de las opciones de explotación.
LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN LOCAL, REGIONAL Y GLOBAL
Los expertos destacaron la existencia de iniciativas globales, regionales y locales para atender esta problemática. Dado su carácter dinámico, recomendaron optimizar la legislación, los marcos institucionales, las herramientas de control, investigación y sanción, así como también profundizar las alianzas estratégicas para una intervención eficaz.
Asimismo, se señalaron los problemas de investigación y medición de este tipo de delitos, y de la importancia de usar herramientas de análisis y de intervención, similares a las que se aplican a otros mercados ilegales y a grupos criminales.
Carina Righi, Coordinadora de iniciativas contra el Tráfico Ilegal de Biodiversidad en WCS Argentina, remarcó que «necesitamos una estrategia y planes a escala nacional y regional que permitan adoptar y coordinar medidas y acciones para reducir el tráfico ilegal de vida silvestre. La articulación de los actores gubernamentales de los países involucrados y el apoyo de la sociedad civil, son elementales para combatir este delito».
El taller fue co-organizado por el Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la Universidad de San Andrés (PEsAG-UdeSA), Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) y CICLA – Estrategias de Desarrollo Sustentable, con el apoyo del Programa Global para Combatir Delitos de Vida Silvestre y Bosques de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Departamento de Asuntos Internacionales sobre Droga e Implementación Normativa del Departamento de Estado.
La apertura estuvo a cargo de las instituciones organizadoras junto con Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) de Argentina, y además participaron en el encuentro representantes de INTERPOL, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, COFEMA, Ministerio de Ambiente de Jujuy, Secretaría de Ambiente de La Rioja, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Poder Judicial de Jujuy, Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), Ministerio Público Fiscal de Salta, Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A., Ministerio Público Fiscal de Jujuy, FLACSO y U.S. Fish & Wildlife Service.
