Activistas de la organización Igualdad Animal se manifestaron frente al Congreso de los Diputados en Madrid, España, para exigir el fin de la alimentación forzada en la producción de foie gras. Buscaron mostrar a los partidos políticos su apoyo a una Proposición no de Ley (PNL).
La PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Sumar, se debatirá en la Comisión de Agricultura del Congreso en las próximas semanas.
Esta propuesta legislativa insta al Gobierno a realizar una consulta pública para evaluar si la alimentación forzada es compatible con los informes científicos, el marco legal y la conciencia ciudadana. Se busca que el proceso culmine en la prohibición total de una práctica ya calificada como cruel.
Además, la iniciativa pide a la Unión Europea que revise las normativas de comercialización que obligan a los hígados de patos y ocas a alcanzar un peso mínimo.
Foie gras: alimentación forzada y la crueldad de una práctica controversial
Cada año en España, se somete a cerca de un millón de patos y ocas a la alimentación forzada. Según denuncia la organización, durante sus últimas semanas de vida, los obligan a ingerir hasta dos kilos de pasta de maíz al día a través de tubos.
Este proceso causa que sus hígados se agranden hasta diez veces su tamaño normal. Algo que provoca un grave sufrimiento a los animales.
La alimentación forzada se considera por Igualdad Animal una de las prácticas «más crueles de la industria alimentaria». Algo que también documentado extensamente en sus recientes investigaciones.
Incluso, a pesar de los informes científicos que la desaconsejan, España, junto con Francia, Hungría, Bulgaria y parte de Bélgica, es uno de los pocos países de la UE que aún la permite.
Avances legales y falta de control
La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 298/2025), que reconoció la sintiencia de patos y ocas, sentó un precedente legal importante. Este fallo marcó un punto de inflexión al interpretar a los animales de consumo no como simples bienes de producción, sino como seres capaces de sentir.
A pesar de que normativas como la Directiva Europea 98/58/CE y leyes españolas (Ley 32/2007 y Real Decreto 637/2021) prohíben el sufrimiento innecesario en los animales de granja, el Gobierno español previó aún medidas legislativas para detener esta práctica.
En tanto, según expusieron, los datos revelan un «sistema de control ineficaz«, con pocas inspecciones anuales. Incluso, aseguran que cada granja podría ser revisada, en promedio, solo una vez cada cuatro décadas.
En este sentido, se insiste en que la inspección no es suficiente, y aparece como única solución la prohibición.
Por otra parte, en octubre de 2024, Igualdad Animal entregó más de 100.000 firmas en el Congreso exponiendo que la sociedad española rechaza mayoritariamente esta práctica.
