Este mes, la provincia de Río Negro sancionó una renovada ley sobre el manejo integral de fauna autóctona, que generó un fuerte intercambio de posturas entre actores económicos y organizaciones ecológicas.
La Ley 5867, promovida por el gobernador Alberto Weretilneck y aprobada rápidamente gracias al respaldo de la mayoría oficialista, habilita la venta y exportación de especies nativas junto con su material genético, elimina el cuerpo provincial de guardafaunas, y transfiere competencias fundamentales del área de Medio Ambiente hacia la Secretaría de Desarrollo.
Este marco legal provocó cuestionamientos intensos por parte de entidades ambientalistas, investigadores y representantes territoriales, quienes advierten sobre potenciales consecuencias ecológicas y sociales.
Por su parte, voceros del gobierno rionegrino defienden la ley como una estrategia para ampliar oportunidades productivas y diversificar la estructura económica local.
La nueva legislación sustituye la antigua Ley Q Nº 2056 de 1985, e incluye reformas significativas en el sistema normativo de la fauna originaria.
Entre los aspectos más polémicos se destaca la autorización explícita para el aprovechamiento económico de especies autóctonas y la comercialización de gametos —como esperma y óvulos— de animales endémicos tales como la mojarrita desnuda o la ranita de Challhuaco.
También se verán afectadas especies terrestres como el guanaco, el avestruz patagónico, el pudú-pudú y la avutarda, utilizadas tradicionalmente por comunidades mapuche-tehuelche y rurales criollas.
Posiciones enfrentadas por la nueva ley de fauna autóctona: desarrollo económico vs conservación de la biodiversidad
Desde el Ejecutivo provincial y sectores ligados a la producción, se sostiene que la normativa abre un abanico de posibilidades económicas para la región.
Se argumenta que una comercialización regulada de especies autóctonas puede generar ingresos por exportaciones y fomentar inversiones en criaderos y centros de manejo especializado de fauna, emulando experiencias exitosas en el extranjero.
La Secretaría de Desarrollo, ahora responsable del manejo de fauna, plantea que el traspaso de atribuciones permitirá un enfoque más dinámico y alineado con los objetivos económicos provinciales, facilitando la creación de empleo en entornos rurales y el fortalecimiento de cadenas productivas.
A su vez, se contempla que la venta de material genético de fauna silvestre podría atraer capital privado vinculado con la biotecnología y conservación ex situ, e impulsar un mercado controlado que desaliente la caza ilegal mediante opciones legales de aprovechamiento.
En contraposición, múltiples voces expresaron su preocupación. Organizaciones como Fundación Humedales denunciaron una «mercantilización sin precedentes de la vida silvestre, comparable a la explotación de marfil en África», y alertan sobre fuertes impactos en el ecosistema derivados de la ausencia de estudios científicos que garanticen la sustentabilidad de esta explotación.
La eliminación del cuerpo de guardafaunas rionegrino constituye otro punto crítico. Este equipo era esencial en la vigilancia y cuidado de la fauna, y según fuentes oficiales, hoy se cuenta apenas con cinco agentes y tres vehículos para cubrir más de 203.000 km², incluyendo 14 cotos de caza privados.
Además, la ley genera incertidumbre sobre el control de espacios de caza con especies no nativas y la regulación de criaderos de fauna autóctona, incluso en territorios delicados como el Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas de conflicto indígena, lo que aumenta la complejidad del panorama socioambiental.
