En la 22ª Sesión Ordinaria del 146° Periodo Legislativo, se aprobó una Ley en Córdoba que establece disposiciones sancionatorias en materia hídrica, ambiental y de los recursos naturales. Este cambio implica la modificación de las facultades de la Policía Ambiental y la creación del Tribunal Administrativo Ambiental.
La iniciativa tiene como objetivo ordenar y consolidar las disposiciones sancionatorias, promoviendo la separación de roles entre quienes controlan y quienes juzgan.
Objetivos y propuestas de la nueva ley
El proyecto, presentado por los legisladores Miguel Siciliano, Abraham Galo, Walter Gispert, Julieta Rinaldi y María Victoria Busso, busca avanzar significativamente en la protección de los recursos naturales y el entorno.
Los legisladores explicaron que la ley tiene un doble propósito:
- Establecer con claridad los procedimientos y sanciones aplicables a quienes incumplan las normativas ambientales.
- Crear un órgano especializado, el Tribunal Administrativo Ambiental, encargado de resolver sobre infracciones y sanciones ambientales de manera independiente.
Innovaciones y procedimientos específicos
Antes de la aprobación de esta ley, en Córdoba existía una multiplicidad de normas relativas a sanciones ambientales con unidades de multas diferentes.
Entre las novedades introducidas por la nueva ley se encuentra la unificación de la unidad de multa, que ahora se medirá en litros de combustible. También la incorporación de sanciones conminatorias, es decir, multas diarias para garantizar el cumplimiento de las sanciones y de las obligaciones de remediación impuestas.
Fortalecimiento de la fiscalización ambiental
La Ministra de Ambiente y Economía Circular, María Victoria Flores, destacó que la aprobación de esta normativa permite fortalecer las funciones de aplicación, ejecución de sanciones y efectiva recomposición ambiental.
«Es una mejora para la fiscalización y control ambiental. Es necesario avanzar en sanciones efectivas y hacerlas cumplir, porque el daño ambiental requiere de una actuación rápida», señaló la ministra.
En 2012, con la creación de la Policía Ambiental, se dividieron las facultades de otorgamiento de autorizaciones y licencias ambientales de las de control y fiscalización.
Con la nueva ley, se avanza un paso más en la eficiencia en la protección de los recursos naturales, separando el control y la fiscalización de la sanción ambiental. Para ello, se crea el Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano de especialización técnica para llevar a cabo esa tarea.
Reducción de tiempos y eficiencia en la gestión ambiental
El objetivo de la ley es separar los órganos de control de los de sanción, fortaleciendo las funciones en cada una de las áreas.
La finalidad es reducir los tiempos de los procedimientos para cuidar mejor el ambiente, lograr la viabilidad en la recomposición ambiental y evitar el colapso en la resolución de las causas, entre otros objetivos, según explicó Adrián Rinaudo, Secretario de Policía Ambiental.
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