Con una histórica reforma constitucional, México reconoce los derechos indígenas. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta semana el decreto que publica este cambio normativo.
Además, garantiza la creación de una Comisión Presidencial para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
«El día de hoy vamos a publicar la reforma al artículo 2° constitucional en varias lenguas, celebrando este Día Internacional de los Derechos Humanos«, declaró la mandataria.
México reconoce derechos indígenas: la reforma histórica
La modificación de la Carta Magna, aprobada en septiembre durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), reconoce por primera vez a los 68 pueblos originarios de México como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por otro lado, Sheinbaum creó una Comisión Presidencial para dar seguimiento a los planes de justicia para los pueblos indígenas.
Esto inició en el Gobierno de López Obrador, para resarcir a las comunidades originarias los daños causados por proyectos extractivos y el abandono de las autoridades.
También obliga a hacer consultas sobre proyectos que afecten sus comunidades y declara como «nación multiétnica» a México. En el país, 23 millones de personas son indígenas y cerca de 7,4 millones hablan algún idioma nativo, entre los que predominan el náhuatl, maya, tzetzal y zapoteco.
Los principales cambios en el tema
- Reconocimiento expreso de los derechos indígenas: esto incluye la protección de su autonomía, sus tierras y recursos naturales, así como la posibilidad de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
- Consultas previamente por proyectos de infraestructura: la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas antes de llevar a cabo proyectos de infraestructura en sus territorios.
- Fortalecimiento de la cultura y lenguas indígenas: subraya la importancia de preservar y promover las lenguas, así como la cultura y tradiciones ancestrales.
- Acceso a la justicia: medidas para que las comunidades indígenas tengan un mejor acceso a la justicia, con tribunales que puedan abordar de manera específica y adecuada los casos que involucren derechos indígenas, respetando sus costumbres y formas de resolución de conflictos.
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