Aunque la producción familiar es responsable de cerca del 80% de los alimentos frescos en términos de valor, hasta ahora se le había dedicado poco análisis a su impacto ambiental.
Esa carencia motivó un estudio conjunto entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Uruguay, cuyo objetivo fue determinar la huella ambiental de estos sistemas productivos.
La investigación surgió ante la falta de información y políticas sectoriales en Argentina, y se concretó en Uruguay, donde se relevaron fincas familiares y se las comparó con explotaciones no familiares. El trabajo se apoyó en datos satelitales que cubren el 70% de la superficie agropecuaria del país vecino.
Un panorama global y regional
El estudio recuerda que el 98% de los establecimientos agrícolas del planeta son familiares, cubriendo entre el 53% y el 75% de las tierras agrícolas.
En Sudamérica, representan el 82% de los predios, aunque solo abarcan el 18% de la superficie cultivada. En Uruguay, en particular, constituyen el 36% de los establecimientos y apenas el 7% de la tierra agrícola.
Resultados contundentes
Los hallazgos fueron claros: en el 96,8% de las comparaciones, el desempeño ambiental de las unidades familiares fue superior al de las no familiares.
Según explicó Hernán Dieguez, docente de FAUBA, estas fincas mantienen más superficie de hábitats naturales como bosques y pastizales, conservan mejor los suelos, son más biodiversas y ofrecen más servicios ecosistémicos.
Además, se observó que los predios familiares son más resilientes: ante el avance de la agricultura, la provisión de servicios ecosistémicos se vio menos afectada que en las explotaciones no familiares. Los resultados fueron publicados en la revista científica Agricultural Systems.
Arraigo y multifuncionalidad
Una de las conclusiones más relevantes es que el arraigo a la tierra y su transferencia generacional son factores clave para un mejor desempeño ambiental. Las fincas familiares fomentan paisajes multifuncionales que proveen bienes variados y beneficios ambientales, sociales y económicos. No solo producen alimentos y productos básicos, también contribuyen al control de la erosión, la prevención de inundaciones y la formación de suelo, entre otros servicios ecosistémicos.
Dieguez aclaró que esto no significa que los planteos extensivos no puedan ser sostenibles, ya que muchos productores realizan buenas prácticas. Sin embargo, subrayó la importancia de analizar de cerca los manejos y usos de los recursos en cada explotación.
El desafío en Argentina
El docente lamentó que el estudio no pueda replicarse en Argentina debido a la falta de información pública sobre el tipo de productor que trabaja cada parcela. Señaló que muchas regiones argentinas son similares a las uruguayas en aspectos físicos, biológicos y productivos, lo que permitiría realizar comparaciones valiosas.
A esta dificultad se suma la desarticulación de políticas públicas de apoyo a la producción agropecuaria familiar. Programas como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el ProHuerta o la Dirección Nacional de Agroecología fueron desfinanciados o vaciados, lo que compromete la capacidad del INTA para brindar asistencia técnica a pequeños productores.
Conclusiones del estudio
El estudio expone la necesidad de invertir en políticas públicas que respalden la producción familiar. Más allá de la renta que pueda obtener cada productor, este tipo de explotación brinda beneficios colectivos, tanto en la provisión de alimentos como en la conservación y resiliencia de los agroecosistemas. Reconocer su valor es fundamental para avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles y equitativos.
