Actualmente, miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y efluentes cloacales sin tratamiento.
Así lo señala un análisis reciente del ITBA, el cual detectó decenas de localidades de Entre Ríos con agua potable contaminada.
Frente a esto, la gestión de Rogelio Frigerio evita reconocer la emergencia hídrica que evidencian estudios científicos, fallos judiciales y denuncias vecinales.
Cabe señalar que los científicos advierten sobre el grado de contaminación en los cursos de agua de Entre Ríos desde 2008.
Los preocupantes datos del agua contaminada en Entre Ríos
El último relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) detectó agua con concentraciones altas de arsénico en Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain y Cuatro Bocas.
En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro.
Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 0,01 mg/L, cinco veces menos.
«Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas», advirtió Lucía Ibarra Bouzada, presidenta del Foro Ecologista de Paraná.
Y agregó que, en Entre Ríos, «los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada«.
También hay alerta por el glifosato, con los niveles más altos de la región
Otro análisis que preocupa es la investigación del CONICET presentada por Rafael Lajmanovich, la cual detectó en el arroyo Las Conchas una concentración de 5.002 µg/kg de glifosato.
Es el nivel más alto registrado hasta el momento en Sudamérica.
El estudio evaluó cuatro arroyos de la provincia: Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas, yodos son afluentes directos del río Paraná.
En ensayos con renacuajos, el 100% de los anfibios expuestos murió en 24 horas.
Fallo judicial histórico en Crespo
Frente a esta situación, la Justicia entrerriana ordenó al Municipio de Crespo suspender de inmediato el riego de calles con agua contaminada.
El juez Julián Carlos Vergara hizo lugar a un amparo ambiental presentado por once vecinos.
Es que, día a día, la ciudad regaba las calles de tierra con agua de arroyos contaminada con efluentes cloacales sin tratamiento.
El fallo ordenó realizar un peritaje completo del sistema cloacal en 30 días, publicar los resultados e implementar monitoreo sistemático.
Durante la audiencia judicial, representantes municipales y provinciales reconocieron la existencia del problema. Sin embargo, condicionaron los avances a «limitaciones presupuestarias locales» y «necesidad de asistencia financiera externa».
Diez años de agua contaminada sin resolver
Otro caso es el del pueblo General Belgrano, donde la Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación desde 2015.
Es que, por una década, la entidad tiró efluentes cloacales sin tratamiento al río Gualeguaychú y al río Uruguay.
Actualmente, la Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en la causa y la investigación indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes sin tratamiento.
Sin embargo, la causa es lenta, ya que tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay desde 2017.
Los riesgos graves para la salud
El consumo de agua contaminada genera consecuencias severas para la salud:
- Enfermedades gastrointestinales, infecciones intestinales agudas, hepatitis y cólera por bacterias y parásitos
- Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), lesiones en la piel y cáncer tras exposición prolongada al arsénico
- Alteraciones neurológicas, endócrinas y reproductivas por agrotóxicos
El Presupuesto Nacional 2026 destina apenas 2.000 millones de pesos para construcción de agua potable en Concordia. Mientras tanto, decenas de localidades pequeñas quedan fuera de cualquier plan de inversión.
El Presupuesto Provincial 2026 prevé inversión superior a 429.500 millones de pesos para infraestructura.
Sin embargo, el coordinador del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, informó que «el 60% de los recursos serán destinados a obras viales«.
Así, agua potable y saneamiento cloacal no figuran como prioridad en las políticas públicas provinciales.
