El Gobierno de Brasil ha decidido involucrar directamente al sistema bancario en la lucha contra la deforestación de la Amazonia y otros biomas. Desde el 1 de abril, los bancos que otorguen créditos rurales subvencionados deberán comprobar en la base de datos oficial Prodes si la propiedad solicitante ha registrado talas desde 2019.
La medida convierte a cada gerente bancario en un inspector indirecto de deforestación, según explicó Andre Lima, del Ministerio de Medio Ambiente. Si la tala detectada no está dentro del porcentaje legal permitido, el productor agropecuario no podrá acceder al crédito subsidiado.
El alcance de la norma
La disposición afecta a unos 53.000 millones de dólares, equivalentes a un tercio del crédito rural brasileño. Un estudio de la Climate Policy Initiative reveló que casi una quinta parte de los créditos subvencionados entre 2020 y 2023 se otorgaron a propiedades deforestadas recientemente.
Los bancos han respaldado la medida, considerándola un mecanismo de seguridad jurídica que reduce riesgos de impagos. En cambio, el lobby agropecuario y la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA) han criticado la norma, alegando posibles falsos positivos en las imágenes satelitales.
Tecnología satelital como herramienta de control
El sistema Prodes, operado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), utiliza satélites que fotografían parcelas de tres metros cada 16 días, permitiendo un monitoreo constante de la Amazonia y otros biomas.
Gracias a esta vigilancia, el último balance anual mostró que la Amazonia perdió 5.796 km² de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior. Desde el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la deforestación se ha reducido en un 50%, reforzando la promesa de eliminarla completamente para 2030.
Contexto internacional
La medida se enmarca en un escenario global de creciente presión:
- La Unión Europea prepara una ley que vetará productos como cacao, café, soja, carne de vacuno, madera y derivados si provienen de áreas deforestadas. Su entrada en vigor está prevista para finales de 2026.
- Brasil y el Mercosur han cerrado un acuerdo comercial que entrará en vigor en mayo, lo que refuerza la necesidad de cumplir estándares ambientales para mantener competitividad internacional.
Liderazgo político y ambiental
El presidente Lula ha colocado nuevamente a Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, quien ya en los años 2000 logró reducir drásticamente la tala ilegal. Su gestión ha sido clave para reposicionar a Brasil como actor central en la lucha contra el cambio climático, tras el retroceso ambiental vivido durante el mandato de Jair Bolsonaro.
La incorporación de los bancos como fiscalizadores marca un cambio estructural en la política ambiental brasileña. La medida busca cerrar el paso a la financiación de actividades ilegales y garantizar que los recursos públicos se destinen a productores responsables.
En un contexto de presión internacional y compromisos climáticos, Brasil apuesta por combinar tecnología satelital, regulación financiera y voluntad política para cumplir con la meta de deforestación cero en 2030.
