El Proyecto de Ley 2.159/2021, conocido popularmente como la “Ley de la Devastación”, ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones ambientales, movimientos sociales y comunidades indígenas.
La norma busca flexibilizar el sistema de licencias ambientales en el país que alberga el bosque tropical más extenso del mundo.
Desde su aprobación inicial en la Cámara de Diputados en 2021, el proyecto ha sido calificado como el mayor retroceso ambiental en más de 40 años, según expertos y el Ministerio Público Federal.
Licencias automáticas y autodeclaraciones empresariales
En su versión original, la ley proponía que las empresas obtuvieran licencias ambientales de forma automática, mediante una autodeclaración, sin necesidad de evaluación técnica previa. Solo los casos de alto riesgo ambiental quedaban excluidos.
Además, se eliminaban requisitos para actividades agrícolas, favoreciendo sectores como la agroindustria y la minería, que podrían avanzar sobre territorios en disputa, incluyendo tierras indígenas y quilombolas aún no demarcadas.
El proyecto fue aprobado por el Senado el 21 de mayo con 54 votos a favor y 13 en contra. Luego por la Cámara de Diputados el 17 de julio, con 267 votos a favor y 116 en contra, en una votación virtual realizada de madrugada. El respaldo provino del lobby ruralista, vinculado al agronegocio.
Reacción social y defensa constitucional
“El Congreso Nacional aprobó una ley que facilita la deforestación y pone en riesgo a comunidades tradicionales”, denunció la diputada indígena Célia Xakriabá.
La ONG WWF advirtió que la decisión fue tomada sin diálogo con la sociedad, y citó el artículo 225 de la Constitución brasileña, que garantiza el derecho a un medio ambiente equilibrado.
Vetos presidenciales: límites al avance del proyecto
El 8 de agosto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la ley, pero vetó 63 disposiciones del texto original, incluyendo 26 artículos eliminados por completo. Según Lula, los vetos garantizan la protección ambiental y la seguridad jurídica, y fueron definidos tras consultas con la sociedad civil.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, explicó que se buscó agilizar los procesos sin perder calidad técnica, en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y desertificación.
Principales puntos vetados por el Ejecutivo
Limitaciones a licencias automáticas y protección de biomas vulnerables.
- Restricción de la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC) a proyectos de bajo impacto ambiental
- Exclusión de artículos que permitían a Estados y municipios definir sus propias normas
- Mantenimiento del régimen de protección especial de la Mata Atlántica, uno de los biomas más amenazados
- Obligación de consultar a FUNAI y Fundación Palmares en proyectos que afecten tierras indígenas y quilombolas, incluso si no están demarcadas
Puntos críticos que permanecen en la «Ley de la Devastación»
A pesar de los vetos, se mantuvieron disposiciones controvertidas como la Licencia Ambiental Especial (LAE). La misma acelera el licenciamiento de proyectos estratégicos definidos por el Consejo de Gobierno, órgano presidencial con participación ministerial. Una Medida Provisional anticipa su entrada en vigor.
“Celebramos los vetos como una victoria de la movilización social”, expresó Greenpeace Brasil. La WWF valoró la respuesta del Gobierno, pero advirtió que el texto aún debilita instrumentos de protección y podría reducir la capacidad estatal para prevenir daños socioambientales.
Un debate que llega a la COP30
El debate ocurre a pocos meses de la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, en plena Amazonía brasileña.
Aunque la ley ya está vigente, los vetos presidenciales aún deben ser analizados por el Congreso, sin fecha definida, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos giros legislativos.
