En el norte del estado de Pará, Brasil, existe una región amazónica de tamaño comparable al área metropolitana de San Pablo. Se trata del territorio Ituna/Itatá, una tierra indígena protegida provisionalmente, donde recientes hallazgos confirman la presencia de pueblos no contactados.
Los vestigios materiales incluyen un caparazón de tortuga y una vasija de cerámica, hallados hace tres años. Estos elementos se suman a una larga cadena de evidencias —desde avistamientos en los años setenta hasta registros arqueológicos desde 2009— que sugieren una ocupación continua de indígenas aislados voluntariamente.
En la vecina comunidad de Ita’aka, en la tierra indígena Koatinemo, integrantes del pueblo Asurini relatan encuentros fortuitos con estos grupos.
Deforestación y minería ilegal ponen en riesgo una región amazónica con presencia indígena
Desde 2011, Ituna/Itatá cuenta con una ordenanza especial que restringe el acceso, gestionada por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), como medida preventiva para salvaguardar a los pueblos en aislamiento. Esta normativa fue suspendida durante el gobierno de Jair Bolsonaro, periodo en el que la región se convirtió en la tierra indígena más deforestada del país, bajo presión de intereses agropecuarios y mineros.
Las imágenes recientes tomadas durante un sobrevuelo en junio evidencian grandes parches de selva arrasada, en fuerte contraste con el verde profundo del bosque amazónico aún en pie.
Organizaciones como la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) exigen al Estado avanzar con la demarcación permanente de Ituna/Itatá, antes de que se realice la COP30 en Belém, prevista para 2025. “Proteger la selva implica proteger a los pueblos que la habitan”, señaló Toya Manchineri, referente de la COIAB.
Registros incompletos y conocimiento ancestral excluido
Brasil reconoce oficialmente 114 registros de presencia de grupos en aislamiento, aunque solo una cuarta parte está confirmada. Los demás, como el caso de Ituna/Itatá, se consideran evidencias fuertes, pero no suficientes para decisiones administrativas definitivas.
Activistas denuncian la inacción estatal. “El Estado exige pruebas calificadas, pero nosotros los sentimos en la naturaleza: por los sonidos, por los rastros, por los olores”, explicó Mita Xipaya, activista indígena de 24 años en dialogo con la agencia AFP.
Desde 1988, las tierras no indígenas en la Amazonía brasileña han perdido casi el 30 % de su cobertura forestal, mientras que en los territorios indígenas delimitados por ley esa pérdida fue de apenas 2 %, según datos del Instituto Socioambiental.
