Nuevos estudios confirmaron la presencia de plaguicidas prohibidos y altamente tóxicos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del Río Paraná. Los análisis fueron realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (UNLP–CONICET) y la Autoridad del Agua bonaerense, revelando un panorama alarmante para la salud ambiental y humana.
El curso de agua, que durante años recibió los efluentes de la planta química Atanor en San Nicolás, presenta niveles de contaminación que superan los límites legales establecidos para la protección de los ecosistemas. Las organizaciones ambientales calificaron el hecho como un nuevo antecedente del daño ambiental acumulado que la empresa dejó en la región.
Los estudios detectaron residuos de agrotóxicos prohibidos hace décadas, reconocidos por su persistencia en el ambiente y su capacidad de bioacumulación. Estas sustancias, pese a su prohibición, permanecen en los sedimentos, afectando a la flora y fauna acuática y contaminando las fuentes de agua utilizadas por las comunidades ribereñas.
Un segundo relevamiento confirmó la presencia de plaguicidas en los pozos de extracción de agua de la propia planta industrial. Las perforaciones, que alcanzan los 60 metros de profundidad, muestran que la contaminación penetró hasta el Acuífero Puelche, una de las principales reservas subterráneas de agua dulce del país.
Un problema que comenzó hace décadas
El conflicto ambiental vinculado a Atanor tiene una larga historia. La planta, instalada en San Nicolás en la década del 50, fue una de las principales productoras de agroquímicos y plaguicidas de Argentina. Durante años, los vecinos denunciaron olores tóxicos, derrames y vertidos directos al Arroyo Yaguarón, sin controles efectivos.
A fines de los años 90 comenzaron las primeras investigaciones independientes, que ya advertían sobre el impacto de los efluentes industriales en el agua y los suelos de la zona. Sin embargo, las medidas de control y saneamiento fueron escasas, permitiendo que la contaminación se expandiera sin freno durante más de medio siglo.
En 2017, tras múltiples denuncias y sanciones, la planta fue clausurada por incumplir normas ambientales. Aun así, los residuos tóxicos acumulados siguieron filtrándose al entorno. La clausura no significó el fin del problema: los químicos persistentes continuaron degradando los ecosistemas y afectando a las napas subterráneas.
Actualmente, tanto el Río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para el suministro de agua potable. La persistencia de estos contaminantes implica un riesgo crónico para la salud pública y el equilibrio ambiental de toda la región.
La contaminación de la planta química Atanor y sus consecuencias
Los plaguicidas detectados incluyen compuestos de alta toxicidad, como organoclorados, conocidos por su capacidad de permanecer en el ambiente durante décadas. Estos contaminantes pueden provocar daños neurológicos, alteraciones hormonales y enfermedades crónicas en las personas expuestas.
En el ecosistema, los efectos son igual de graves. Las especies acuáticas sufren mutaciones, disminución de su población y alteraciones en la cadena alimentaria. La contaminación del Arroyo Yaguarón se extiende aguas abajo, afectando amplios sectores del Río Paraná, una de las principales fuentes hídricas de Argentina.
El impacto ambiental no se limita al agua: los residuos químicos alcanzan los suelos y afectan la producción agropecuaria local, generando un desequilibrio ecológico de largo plazo. Además, el transporte de contaminantes a través de las corrientes fluviales agrava la expansión del daño.
Hacia una reparación ambiental necesaria
Si bien la Autoridad del Agua bonaerense reconoció la presencia de agrotóxicos en el Río Paraná, aún falta un plan integral de remediación que incluya la recuperación de suelos, sedimentos y acuíferos. Las organizaciones ambientales reclaman un seguimiento permanente y la creación de un fondo para la reparación ambiental en San Nicolás.
El caso Atanor representa un símbolo del pasivo ambiental que dejan las industrias químicas cuando no se aplican controles estrictos. Las comunidades continúan exigiendo justicia ambiental y medidas urgentes para garantizar agua segura y la restauración del ecosistema del Paraná.
La historia del Arroyo Yaguarón es una advertencia: los efectos de la contaminación industrial no desaparecen con el cierre de una planta. Persisten silenciosamente, recordando la deuda ambiental que aún espera ser saldada.
