El Parlamento de Ecuador aprobó con 77 votos el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica.
La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo de ambos sectores, generar ingresos fiscales y divisas, y contribuir a la sostenibilidad macroeconómica del Estado.
Los legisladores que respaldaron la norma sostienen que la minería ilegal es la que destruye territorios y que la ley permitirá inversión responsable con control ambiental. Según el asambleísta oficialista Alejandro Lara, la propuesta no implica elegir entre empleo y naturaleza, sino garantizar ambos con reglas claras.
Rechazo indígena y social
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció que la ley flexibiliza controles ambientales, reemplaza licencias por autorizaciones simples, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Para la organización, la Asamblea eligió “el extractivismo por encima del agua”. Líderes como Yaku Pérez calificaron la norma de “ecocida” y anunciaron acciones legales e incluso protestas.
Cambios estructurales
El informe aprobado reforma varios artículos de la Ley de Minería:
- Refuerza la rectoría del Estado y precisa competencias institucionales.
- Actualiza el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración/explotación.
- Incorpora un capítulo sobre fomento de inversión y áreas de seguridad estratégica.
En el ámbito energético, se modificó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos. También se establecen reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria.
Tensiones con la Amazonía
Uno de los puntos más polémicos fue la asignación de regalías a la Amazonía. Inicialmente, un artículo ponía en riesgo el 30% destinado a esa región, lo que generó tensiones con legisladores amazónicos. Finalmente, el texto fue corregido para recomponer la mayoría parlamentaria.
Puntos clave de la controversia
- Aprobación y tensiones: la ley fue aprobada tras intensos debates y modificaciones.
- Rechazo indígena: la Conaie y otros movimientos sociales denuncian retrocesos en derechos ambientales.
- Argumentos oficialistas: el gobierno defiende que la norma atrae inversión formal y combate la ilegalidad.
- Cambios estructurales: se actualizan etapas de exploración y explotación, régimen de patentes y reglas energéticas.
- Conflicto amazónico: se corrigió el artículo sobre regalías para evitar fracturas políticas.
La ley minera y energética aprobada por el Parlamento ecuatoriano abre un nuevo capítulo en la política extractiva del país.
Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para atraer inversión y garantizar seguridad jurídica, las comunidades indígenas y sectores opositores la consideran un retroceso ambiental y social. El texto pasa ahora al Ejecutivo para su ejecución, mientras los opositores preparan demandas de inconstitucionalidad y movilizaciones.
