El gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio (PRO), anunció su intención de cerrar cerca de 300 escuelas rurales por baja matrícula.
La Coordinadora Basta es Basta expresó su rechazo mediante un comunicado, calificando la medida como “un nuevo golpe a las comunidades rurales, ya afectadas por el abandono estatal y el avance del modelo agroexportador que expulsa a las familias del campo”.
“Un solo alumno tiene derecho a educarse”: voces desde el territorio
Desde el Consejo General de Educación (CGE), el funcionario Sebastián Benedetti justificó el cierre por razones de “eficiencia pedagógica”, señalando que hay escuelas con uno a tres alumnos. Sin embargo, Elio Kohan, docente y referente de Basta es Basta, plantea que “la baja matrícula no invalida el derecho a la educación”, y que las escuelas rurales deben sostenerse como espacios de encuentro y resistencia comunitaria.
En la zona de Basavilbaso, la docente Mariela Leiva advierte que doce escuelas están en riesgo de cierre, y denuncia el impacto de las fumigaciones cercanas, autorizadas por la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, que permite aplicar agrotóxicos a solo 15 metros de las aulas. “Estamos frente a una vulneración directa del derecho a educarse en un ambiente sano”, sostiene.
Fumigaciones, monocultivo y despoblamiento rural
La Coordinadora Basta es Basta señala que el despoblamiento rural responde a múltiples factores: fumigaciones masivas, concentración de tierras, desplazamiento de la agricultura familiar y contaminación de agua y suelos.
En zonas como Concordia, el referente Facundo Scattone Moulins describe un proceso de “expulsión en base a venenos”, donde el uso intensivo de soja y arroz desplaza a los trabajadores rurales, invisibilizados por la tecnificación del modelo productivo.
Riesgos sanitarios y judicialización de las fumigaciones
Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental (Universidad de Rosario) demostraron que vivir cerca de zonas fumigadas aumenta el riesgo de cáncer. Kohan, desde Colonia Avigdor, denuncia que “no son estadísticas, son vecinos y amigos que han enfermado o fallecido”.
En 2018, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció distancias mínimas de 1.000 a 3.000 metros para fumigaciones cerca de escuelas, declarando inconstitucional una resolución que permitía aplicar químicos a solo 50 metros.
Una ley cuestionada por desconocer la evidencia científica
Pese al fallo judicial, en 2024 se sancionó la Ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, que habilita fumigaciones entre 15 y 500 metros de las escuelas, según el tipo de aplicación.
La ley exige que se realicen en contraturno escolar y bajo supervisión de un asesor fitosanitario, pero desconoce los estudios sobre derivas tóxicas, según denuncian las organizaciones. “La única buena práctica agrícola es la agroecología”, resume Kohan.
Educación rural: bastión de arraigo y denuncia
“Las escuelas rurales son mucho más que aulas: son espacios de encuentro, denuncia y construcción comunitaria”, afirma Kohan. Scattone agrega que son “el lugar donde madres, docentes y trabajadores se animan a visibilizar lo que ocurre”.
Sin embargo, el vaciamiento no es nuevo: en 2007, el gobierno provincial vendió 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica N.º 151 a la familia Etchevehere, ligada al agronegocio. En 2017, se entregaron otras 29 hectáreas para obras que nunca se concretaron.
Con información de Agencia Tierra Viva – Foto de portada: Mariela Leiva
