Más del 71% de las infraestructuras críticas ubicadas en zonas inundables en España se encuentran en situación de peligrosidad muy grave, según el informe “Infraestructuras críticas inundables en España”, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS). El documento advierte que el cambio climático está acelerando el riesgo y desbordando los límites previstos por los modelos históricos.
El informe identifica 10.197 instalaciones dentro de áreas con posibilidad de inundación cada 500 años, aunque los eventos recientes muestran que esa frecuencia ya ha sido superada. Las lluvias extremas, cada vez más frecuentes e intensas, están convirtiendo amplias regiones del país en escenarios vulnerables.
De ese total, el 71% presentan riesgo muy grave, el 13% grave y el 16% leve. El estudio se centró en 4.340 infraestructuras esenciales, clasificadas en seis categorías: poblaciones vulnerables, seguridad del Estado, salud, seguridad ambiental, servicios básicos e industria, y transporte.
Cataluña concentra el 37% de las instalaciones más amenazadas, seguida de Galicia, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón. Estas cifras reflejan la magnitud del riesgo y la necesidad urgente de aplicar estrategias de adaptación ante los impactos del cambio climático.

Ciudades en peligro: el desafío de un país que se inunda
Las áreas más vulnerables incluyen 420 residencias de mayores, 1.126 escuelas y 232 jardines de infancia, ubicadas dentro de zonas de riesgo alto. A ellas se suman campings, centros de salud, cuarteles, depuradoras y subestaciones eléctricas. Esta exposición pone en juego no solo servicios esenciales, sino también la vida de las poblaciones más frágiles.
En el ámbito de la seguridad del Estado, el informe señala 51 parques de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías en riesgo de inundación. En salud, se contabilizan 112 hospitales y 3 centros médicos, mientras que en seguridad ambiental hay 375 depuradoras, 82 instalaciones radiactivas y 77 plantas químicas.
Las infraestructuras de energía y agua también están comprometidas: 415 subestaciones eléctricas, 282 redes de abastecimiento y saneamiento, y 455 industrias están dentro de zonas potencialmente inundables. En transporte, hay 262 infraestructuras críticas, incluyendo estaciones, carreteras y aeropuertos.
Factores que agravan las inundaciones urbanas
Las inundaciones en España no son solo consecuencia del aumento de lluvias extremas. La urbanización descontrolada, el sellado del suelo y la falta de drenaje natural amplifican el impacto de las precipitaciones. Las ciudades sustituyeron el suelo permeable por asfalto y cemento, impidiendo que el agua se filtre y provocando que las escorrentías se acumulen.
A esto se suma la pérdida de ecosistemas naturales como humedales, marismas y cauces secundarios, que históricamente funcionaban como esponjas naturales. La deforestación y la canalización excesiva de ríos reducen su capacidad de amortiguar crecidas, aumentando el riesgo de desbordamientos en zonas urbanas.
El cambio climático intensifica este escenario. Las lluvias torrenciales son ahora más cortas, pero más violentas, y se combinan con veranos más secos que endurecen los suelos, reduciendo su capacidad de absorción. En eventos recientes, como la DANA de 2024 en Valencia, se desbordaron más de 16.000 hectáreas adicionales, evidenciando que los modelos de previsión ya no bastan.

Soluciones urgentes para una planificación resiliente
El Observatorio propone crear sistemas de alerta temprana, implementar una etiqueta de riesgo por inundación en infraestructuras públicas y privadas, y prohibir nuevas construcciones en zonas vulnerables. También recomienda revisar los planes urbanísticos, incorporar soluciones basadas en la naturaleza y adaptar las infraestructuras críticas a los nuevos escenarios climáticos.
Entre las medidas más eficaces se destacan la restauración de humedales, la reforestación de cuencas hidrográficas y la construcción de espacios verdes urbanos capaces de absorber agua de lluvia. Estas soluciones naturales reducen el riesgo de inundaciones y mejoran la calidad del aire y la biodiversidad local.
El informe concluye que las inundaciones ya no deben considerarse fenómenos excepcionales, sino una realidad estructural. Proteger la vida, los servicios esenciales y el medio ambiente exige una nueva cultura urbana basada en la resiliencia, la planificación sostenible y la justicia climática. Solo así será posible evitar que el agua, fuente de vida, se convierta en una amenaza recurrente.



