La Legislatura de Mendoza otorgó media sanción al proyecto San Jorge–PSJ Cobre Mendocino, marcando un nuevo capítulo en la discusión sobre el desarrollo minero en la provincia.
La decisión se dio en un contexto de movilizaciones sociales que reclaman más información y garantías ambientales antes de habilitar cualquier emprendimiento. Organizaciones ambientales, como Greenpeace, señalan que el tratamiento legislativo no refleja la posición de sectores de la ciudadanía que consideran insuficientes los estudios disponibles.
La provincia enfrenta hace más de una década una sequía persistente que afecta tanto a los caudales superficiales como a las reservas subterráneas. Este escenario, advierten especialistas, vuelve imprescindible evaluar con rigurosidad cualquier actividad en la alta montaña, origen del agua que sostiene a la región.
La falta de consenso social y la preocupación por el impacto hídrico intensificaron el debate sobre la legitimidad del proceso.
Un territorio condicionado por la crisis del agua
Mendoza depende casi exclusivamente del aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial. Estos sistemas almacenan hielo en superficie y en profundidad, garantizando caudal incluso en los meses más secos.
El retroceso acelerado de estas fuentes aumenta la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del recurso. En este contexto, informes técnicos recientes —incluido uno elaborado por el CONICET local— señalaron vacíos e incertidumbres en la información hídrica asociada al proyecto.
A pesar de ello, la Declaración de Impacto Ambiental fue otorgada, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento del principio precautorio. Las comunidades de Uspallata, una de las zonas más afectadas, expresan su preocupación por un sistema que consideran frágil y esencial para la vida cotidiana.
El debate legal y el principio de licencia social
Las normas ambientales argentinas establecen participación real, acceso a información adecuada y evaluación preventiva de riesgos. Tanto la Ley General del Ambiente como el Acuerdo de Escazú obligan a garantizar que las comunidades puedan intervenir de manera oportuna en decisiones que afecten su entorno.
Para organizaciones socioambientales, estos requisitos no fueron plenamente satisfechos durante el proceso. La licencia social se convirtió así en el centro de la discusión.
Aunque no es un instrumento administrativo, se reconoce como un factor legal y político que condiciona el desarrollo de proyectos de alto impacto. El rechazo sostenido en diversos sectores de la sociedad mendocina revela una fractura entre las decisiones institucionales y la percepción del territorio.
Un sistema de montaña bajo presión
La alta montaña mendocina concentra reservas críticas de agua, entre ellas glaciares descubiertos, glaciares de escombros y zonas de permafrost. Estos elementos cumplen una función estratégica en el equilibrio hídrico provincial.
Cualquier intervención en estas áreas, advierten especialistas, puede alterar la disponibilidad futura de un recurso ya limitado. El debate se intensifica por el impulso en el Congreso nacional de modificaciones a la Ley de Glaciares.
Los cambios permitirían actividades en zonas actualmente protegidas, reduciendo el alcance de la normativa vigente. Para una provincia árida, advierten organismos científicos, debilitar esa protección implica exponer a la población a riesgos hídricos estructurales.
El caso de San Jorge se enmarca en esta discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo. La necesidad de diversificar la economía convive con la urgencia de proteger el agua, un recurso considerado límite ambiental y social. La tensión entre ambas miradas atraviesa el futuro del territorio y condiciona cualquier decisión de largo plazo.
El proyecto San Jorge–PSJ Cobre Mendocino
El emprendimiento San Jorge es un proyecto minero de cobre ubicado en la zona de Uspallata, en el noroeste mendocino. Su planificación prevé operaciones en cercanía de áreas de alta sensibilidad ecológica y elevada importancia hídrica.
La iniciativa atravesó etapas discontinuas de evaluación desde hace más de una década, ya que busca extraer y procesar cobre mediante técnicas convencionales de minería metalífera.
Entre los puntos más cuestionados se encuentran el consumo de agua, los riesgos asociados a movimientos de suelo y el manejo de residuos mineros. Las comunidades locales enfatizan la necesidad de contar con información completa sobre estos aspectos antes de avanzar.
La media sanción obtenida en la Legislatura habilita el camino hacia una aprobación final. Sin embargo, las objeciones sociales, técnicas y ambientales mantienen el proyecto bajo un intenso escrutinio. Para diversos sectores, el desafío es garantizar que cualquier decisión se tome con criterios de transparencia y protección ecosistémica.
Agua, ambiente y derechos: un desafío conjunto
El debate alrededor del proyecto San Jorge expone los límites de un territorio condicionado por el clima y la disponibilidad hídrica. La crisis del agua obliga a repensar los criterios de evaluación ambiental, especialmente en zonas de alta montaña.
La demanda ciudadana por mayor participación refleja un cambio profundo en la relación entre comunidades y políticas públicas. Mientras avanza la discusión parlamentaria, crece el llamado a fortalecer las instancias de control y acceso a la información.
La sostenibilidad de cualquier proyecto en Mendoza dependerá tanto de la solidez técnica como del consenso social que logre construir. Sin estos elementos, advierten especialistas, ningún emprendimiento puede considerarse viable a largo plazo.
