En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el jueves una opinión consultiva histórica que vincula directamente el cambio climático con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.
La Corte —con sede en San José, Costa Rica— respondió a una solicitud conjunta presentada por Colombia y Chile en 2023, afirmando que la emergencia climática representa una amenaza estructural para los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Derechos humanos y clima: una base jurídica para la acción
La opinión establece que los Estados deben:
- Prevenir, mitigar y reparar los daños ambientales que afecten los derechos humanos
- Adoptar leyes, políticas y acciones específicas para frenar el cambio climático
- Reconocer el derecho humano a un clima sano
- Proteger y restaurar los ecosistemas con base en la ciencia y el conocimiento indígena
“No es solo un hito jurídico, es un plan de acción”, sostuvo Nikki Reisch, directora de programas de clima y energía en el Centro de Derecho Ambiental Internacional.
La Corte insiste en que los Estados tienen una obligación positiva, no solo deben abstenerse de causar daños, sino actuar activamente para regenerar los sistemas naturales.
Alcance legal y efectos en la región
Aunque las opiniones consultivas de la CIDH no son vinculantes, tienen fuerte influencia jurídica en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se espera que esta declaración impacte en:
- Litigios climáticos locales y regionales
- Reformas legales ambientales
- Posicionamientos en negociaciones internacionales, especialmente de cara a la COP30 que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil
“Causar daños ambientales irreversibles compromete condiciones esenciales para una vida sana en la Tierra, por lo tanto exige respuestas jurídicas universales y eficaces”, señaló Nancy Hernández López, presidenta del Tribunal.
Lucha contra el cambio climático con mirada indígena
El dictamen fue publicado en un contexto de fortalecimiento de los movimientos indígenas por la justicia ambiental. En junio, líderes amazónicos celebraron una cumbre en Ecuador para exigir el cumplimiento de sentencias que reconocen sus derechos territoriales y medioambientales.
La CIDH ha tenido un rol activo en este ámbito, condenando a gobiernos por autorizar proyectos extractivos sin consulta previa y convirtiéndose en una referencia clave para la defensa de derechos colectivos frente a la crisis climática.
La nueva opinión profundiza la sentencia consultiva de 2017, que ya reconocía el derecho a un medio ambiente sano como independiente, al contextualizarlo en escenarios de ruptura ecológica global.
Foto de portada: AP Photo/Matias Delacroix, File
