Lucha mortal de los defensores ambientales en un sombrío panorama que resalta la creciente vulnerabilidad de quienes defienden la vida en el planeta, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una alarmante advertencia.
Al menos 84 defensores del ambiente han sido asesinados en México desde 2016, en una posible relación directa con su incansable labor.
Esta cifra, desgarradora por sí mismaes, es una la lucha mortal, subraya la profunda deuda que el Estado mexicano mantiene con aquellos que arriesgan sus vidas para proteger los recursos naturales del país.
Una lucha mortal con víctimas y agresiones constantes
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) reveló que, de las 84 víctimas mortales, 7 eran mujeres y 77 hombres, evidenciando una desproporción alarmante.
Además, la etnicidad de los afectados resalta la intersección de vulnerabilidades: 44 pertenecían a pueblos indígenas y uno era afromexicano, comunidades que a menudo son las primeras líneas de defensa contra la explotación ambiental.
Sin embargo, los asesinatos son solo la punta del iceberg. El informe, publicado estratégicamente el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, detalla una preocupante escalada de agresiones.
A la lucha mortal se suman múltiples formas de hostigamiento y coacción: criminalización y acoso judicial, vigilancia constante, amenazas directas, desplazamiento forzado de sus hogares y comunidades, e incluso desapariciones.
Estas tácticas buscan silenciar y desarticular los movimientos de defensa ambiental, creando un clima de miedo e impunidad.
El papel irremplazable de los defensores ambientales y las amenazas crecientes
El Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, reconocido oficialmente por el Congreso mexicano hace cuatro años, es más que una simple conmemoración.
Es, como enfatiza la ONG, un recordatorio urgente de la necesidad imperante de justicia frente a la violencia sistemática, el despojo territorial y la impunidad rampante.
Este día exige que se actúe contra quienes, a menudo ayudan con el crimen organizado, impulsan megaproyectos destructivos y ponen en jaque la biodiversidad del país.
Los defensores ambientales son, en esencia, piezas fundamentales para frenar la inminente crisis climática y resistir la embestida de proyectos que devastan los ecosistemas.
Su trabajo es crucial para proteger los recursos naturales que sostienen la vida de millones de personas y preservar las formas de vida indígenas, que históricamente han coexistido en armonía con la naturaleza.
Su labor adquiere una relevancia crítica ante el avance desmedido de megaproyectos extractivos, la imposición de infraestructuras sin consulta previa, la deforestación descontrolada, el acaparamiento de agua y la contaminación generalizada.
Todas estas actividades no solo deterioran inexorablemente nuestros ecosistemas, sino que también exacerban las desigualdades sociales y económicas.
La sombra del crimen organizado: un vínculo peligroso
A este ya complejo escenario se suma la inquietante expansión del crimen organizado en diversas regiones del país, donde ejerce un control violento sobre territorios y recursos.
Actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación indebida de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado, generando un impacto devastador tanto en el medio ambiente como en las vidas de quienes lo defienden.
Es una realidad innegable: el narcotráfico y otras economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, creando escenarios de altísimo riesgo para los defensores.
Esta simbiosis letal entre la delincuencia organizada y la destrucción ambiental agrava la vulnerabilidad de quienes se atreven a levantar la voz en defensa de sus territorios.
Marcos normativos y desafíos institucionales: un largo camino hacia la protección efectiva
El Espacio OSC ha recordado que el Estado mexicano cuenta con marcos normativos que deben ser implementados de manera urgente y efectiva.
Entre ellos destaca la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que dio origen al Mecanismo Federal de Protección en 2012.
Esta herramienta es crucial para salvaguardar la integridad de quienes se encuentran en riesgo.
A nivel internacional, México ha dado un paso significativo al firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú el 5 de noviembre de 2020.
Este acuerdo regional, pionero a nivel mundial, establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente, garantizando su acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos y compromisos internacionales, persisten serios obstáculos. La OSC ha expresado su «profunda preocupación» por la reciente eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Esta decisión, a su juicio, genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental, un pilar esencial para la rendición de cuentas y la defensa del territorio.
Finalmente, la organización considera urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental.
Esto implica asegurar la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas.
Solo así se podrá desmantelar la impunidad y ofrecer verdadera justicia a quienes han pagado el precio más alto por defender nuestro planeta.
