Más de 25 organizaciones de distintos puntos del país manifestaron su inquietud ante la posible modificación de la Ley 26.639, una herramienta central para la protección de los glaciares argentinos.
Las entidades remarcan que la normativa actual garantiza niveles de resguardo indispensables para ecosistemas estratégicos. Advierten que cualquier flexibilización podría habilitar actividades de alto impacto ambiental en zonas extremadamente vulnerables.
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares consolidó un consenso técnico, científico y social sobre la necesidad de preservar reservas de agua dulce fundamentales para el país. Estas áreas sostienen el abastecimiento hídrico en regiones áridas y semidesérticas, donde el acceso al agua condiciona la vida y la producción.
Los glaciares y el ambiente periglacial conforman un sistema que almacena, regula y distribuye agua para cuencas, humedales y localidades de montaña. Por ello, las organizaciones consideran que desprotegerlos aumentaría la vulnerabilidad ambiental y social en amplias regiones del país.
La normativa vigente y su importancia para la gestión del agua
La Ley 26.639 impide actividades que puedan alterar la dinámica natural o la integridad de los glaciares. Entre las prohibiciones figuran la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en áreas cubiertas por hielo o permafrost. También se restringen obras de infraestructura que impliquen su desplazamiento o degradación física.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es responsable del inventario nacional de glaciares. Las organizaciones remarcan la necesidad de fortalecer sus capacidades para garantizar el monitoreo y la conservación a largo plazo. El instituto constituye la base técnica sobre la cual se sustenta la implementación de la ley.
Las entidades aseguran que la norma no impide el crecimiento económico, sino que lo encuadra dentro de límites ecológicos razonables. El objetivo es evitar intervenciones en zonas donde el daño sería permanente y donde el agua cumple funciones esenciales. Sostienen que retroceder en estos estándares implicaría costos sociales y económicos a largo plazo.
El principio de no regresión y el riesgo jurídico
El Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina, establece la prohibición de retroceder en materia de protección ambiental. Modificar la Ley de Glaciares en un sentido menos restrictivo se considera un incumplimiento de ese compromiso.
Las organizaciones advierten que una reforma regresiva sería contraria a los principios básicos del derecho ambiental. La pérdida de reservas hídricas estratégicas afectaría a poblaciones, productores y ecosistemas de montaña.
El impacto alcanzaría cuencas completas que dependen del aporte glaciar para sostener su equilibrio. A nivel nacional, implicaría debilitar una de las políticas más importantes para enfrentar la crisis climática.
¿Qué es la Ley de Glaciares y por qué su modificación sería perjudicial?
¿En qué consiste la Ley 26.639?
- Protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
- Define áreas donde las actividades humanas están restringidas por su fragilidad ecológica.
- Obliga a realizar un inventario nacional y monitorear permanentemente estas formaciones.
¿Qué se busca modificar?
Los proyectos impulsados por sectores extractivos intentan:
- Limitar el alcance del ambiente periglacial protegido.
- Permitir actividades mineras o hidrocarburíferas en zonas actualmente prohibidas.
- Reducir la superficie considerada de valor estratégico hídrico.
¿Por qué sería perjudicial para el ambiente?
- Habilitaría intervenciones que pueden destruir hielo, permafrost y cursos de agua asociados.
- Pondría en riesgo el abastecimiento en regiones dependientes del deshielo.
- Debilitaría la capacidad del país para enfrentar sequías, retrocesos glaciares y eventos climáticos extremos.
