Más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta al Congreso en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias.
Los especialistas advirtieron que la iniciativa es inconstitucional, regresiva y compromete el derecho al ambiente sano.
La reforma de la Ley que protege los glaciares en Argentina generó una fuerte reacción en el ámbito jurídico y ambiental.
Entre los firmantes aparecen figuras reconocidas como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Leila Devia, Andrés Gil Domínguez y Florencia Saulino, entre otros.
La reforma a la Ley de Glaciares, inconstitucional y un retroceso ambiental
El documento destacó que el artículo 41 de la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Por ende, las provincias pueden complementar esas reglas, pero nunca disminuirlas ni perforar el piso de protección.
Los especialistas remarcaron que la competencia provincial en la gestión de las zonas glaciares «debe ser maximizadora, orientada a reforzar la tutela ambiental según las particularidades de cada ecosistema y jurisdicción».
Sin embargo, la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por la Casa Rosada habilita a cada distrito a definir qué glaciares y ambientes periglaciales proteger según criterios propios.
Esta discrecionalidad pone en riesgo fuentes de agua locales y de provincias cuenca abajo.
«La reforma de la Ley de Glaciares no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos», explicaron los especialistas en la carta.
Impacto sobre el Inventario Nacional
Otro punto crítico señalado es el impacto sobre el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica de acceso público que identifica los cuerpos de hielo del país.
Según los especialistas, subordinar ese conocimiento a decisiones políticas provinciales en la reforma vacía de contenido el presupuesto mínimo de protección que establece la Ley de Glaciares.
Además, los expertos advirtieron que la propuesta rompe con el enfoque ecosistémico, que reconoce que los glaciares y las cuencas hídricas no respetan fronteras administrativas.
«La eliminación de la protección de un glaciar en una jurisdicción puede afectar directamente el acceso al agua y los derechos ambientales de otras», señalaron en el documento.
En este sentido, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó el carácter operativo de los presupuestos mínimos ambientales.
Pero, de aprobarse la reforma a la Ley de Glaciares, se eliminaría el criterio nacional común y cada distrito podría fijar reglas distintas y generar desigualdades en la protección del recurso hídrico.
Los riesgos para el marco normativo ambiental
Los firmantes alertaron que la eventual aprobación del proyecto sentaría un precedente peligroso para el resto del entramado normativo ambiental.
El temor es que, de aprobarse la reforma de la Ley de Glaciares, luego se habiliten retrocesos similares en otras leyes clave.
La normativa vigente, sancionada hace 15 años, es considerada pionera a nivel regional y mundial.
Esta define presupuestos mínimos para resguardar glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua.
Además, crea el inventario nacional y prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, especialmente las vinculadas a la minería y la industria de hidrocarburos.
Argentina cuenta con uno de los patrimonios glaciares más extensos del planeta. Posee casi 17.000 cuerpos de hielo distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.
Sin embargo, estas reservas son altamente vulnerables: en la última década, la superficie glaciar se redujo cerca de un 17%.
Por ello, aprobar la Ley de Glaciares fue fundamental en su momento, y ahora corre riesgo con una reforma que flexibilizaría la explotación hidrocarburífera.
Ese retroceso se inscribe en una tendencia global de pérdida de hielo por el cambio climático.
Según un estudio de la revista Nature, publicado en 2025, entre 2000 y 2023 los glaciares del mundo perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año como consecuencia de la quema de combustibles fósiles.
Organizaciones como FARN, Greenpeace y Aves Argentinas reclamaron que no se avance con una reforma que debilite la Ley de Glaciares actual.
Advirtieron que «debilitarla no generará desarrollo sostenible, sino mayor vulnerabilidad climática, pérdida de agua, impactos sociales y costos económicos crecientes».
