El Tribunal Constitucional del Perú declaró inconstitucional una ordenanza municipal que excluía a la región amazónica de Ucayali de iniciativas de conservación. Esta medida impedía la creación de áreas naturales protegidas y reservas indígenas en uno de los territorios con mayor biodiversidad del país.
La demanda fue presentada por el Colegio de Sociólogos del Perú, en rechazo a la norma emitida en 2023 por la municipalidad provincial de Ucayali-Contamana. La sentencia reafirma la importancia de seguir criterios nacionales e internacionales para el reconocimiento de territorios indígenas.
El fallo también evidenció irregularidades en la publicación de la ordenanza, que solo fue difundida en plataformas digitales sin cumplir los requisitos legales de publicidad. Esta falta de transparencia fue clave para declarar su invalidez.
Además, se recalcó que la identificación de pueblos indígenas debe ser realizada por el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, como establece la legislación vigente y el Convenio 169 de la OIT.
Protección ambiental con respaldo legal
Con esta resolución, el TC refuerza el compromiso del Estado peruano con la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos originarios. Ucayali recupera así su lugar dentro de las políticas de conservación ecológica.
La región amazónica del Perú abarca más del 60 % del territorio nacional y es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Hogar de cientos de comunidades indígenas, alberga una vasta variedad de ecosistemas, ríos y bosques tropicales que cumplen un rol clave en la regulación del clima global.
Actualmente, la Amazonía peruana enfrenta fuertes amenazas debido a la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y la expansión agrícola. Estos factores no solo afectan la biodiversidad, sino que también ponen en riesgo la vida y los derechos de los pueblos originarios que habitan la región.
A pesar de estos desafíos, existen esfuerzos en curso para ampliar las áreas naturales protegidas y fortalecer las reservas indígenas. Sin embargo, la protección efectiva del territorio requiere mayor coordinación institucional, voluntad política y respeto por los procesos de consulta previa establecidos por ley.
