Un relevamiento realizado en marzo muestra que 61% de los argentinos está en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, frente a un 17% a favor y un 22% sin posición definida.
El dato refleja un fuerte rechazo social a la iniciativa impulsada por el gobierno, en un contexto de audiencias públicas y creciente preocupación por el impacto ambiental y el acceso al agua.
Argumentos en contra y a favor
Entre quienes rechazan la reforma:
- 29% considera que pone en riesgo las reservas de agua dulce.
- 26% advierte sobre pérdida de soberanía sobre recursos naturales.
- 13% señala posibles daños ambientales irreversibles.
En contraste, quienes apoyan la modificación destacan:
- 34% cree que puede impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones.
- 25% afirma confiar en el gobierno.
Sin embargo, estos argumentos quedan opacados por las preocupaciones ambientales y sociales que dominan la discusión pública.
Diferencias regionales
El análisis por regiones muestra contrastes:
- NOA: único lugar donde el apoyo supera al rechazo (39% a favor vs. 34% en contra).
- Sur del país: desacuerdo alcanza el 81%.
- Cuyo: rechazo llega al 77%, reflejando resistencia en zonas directamente vinculadas a ecosistemas sensibles.
Contexto político y social
El debate se da en un clima de creciente malestar hacia el gobierno:
- Imagen negativa del presidente Javier Milei subió 12 puntos respecto a febrero, alcanzando el 62%.
- Desaprobación de su gestión: 64%.
- 65% no cree que el gobierno pueda mejorar la situación del país.
- En lo económico, 86% afirma no llegar a fin de mes o hacerlo con lo justo, y dentro de ese grupo, el 50% directamente no logra cubrir sus gastos.
Según José Ganguí, de la consultora Delfos, “las provisiones de recursos, la soberanía y el impacto ambiental superan largamente a los argumentos económicos”.
Posibles consecuencias de la reforma
La modificación de la Ley de Glaciares, impulsada para favorecer la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, podría provocar efectos irreversibles:
- Riesgo hídrico: pérdida de reservas de agua dulce que abastecen al 36% de la superficie continental argentina.
- Impacto extractivo: habilitación de minería y petróleo en áreas antes protegidas.
- Conflictos legales: posible violación del artículo 41 de la Constitución y del principio de no regresión ambiental.
- Debilitamiento institucional: subordinación de criterios técnicos a decisiones políticas provinciales.
- Efectos ecológicos: amenaza a la biodiversidad, ya que el 56% de las especies evaluadas habitan regiones alimentadas por glaciares.
El rechazo mayoritario a la reforma de la Ley de Glaciares refleja no solo la preocupación ambiental, sino también un clima social crítico hacia las políticas del gobierno. En un contexto de crisis económica y desconfianza política, la defensa de los glaciares se convierte en un símbolo de soberanía, agua y futuro sostenible para millones de argentinos.
