Expertos de las Naciones Unidas han manifestado su profunda preocupación ante la posible reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, en el marco del debate sobre la denominada Ley Ómnibus.
Los relatores especiales de la ONU alertaron que debilitar la protección de estos ecosistemas críticos vulneraría compromisos internacionales en materia de derechos humanos y preservación ambiental.
El organismo internacional señaló que los glaciares y el ambiente periglacial son fuentes esenciales de agua dulce y actúan como reguladores hídricos fundamentales para el país.
Una modificación en la normativa actual facilitaría el avance de la actividad minera y la explotación de hidrocarburos en zonas actualmente protegidas, lo que aceleraría el derretimiento de los hielos y agravaría los efectos de la crisis climática.
Asimismo, la ONU recordó que Argentina tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que cualquier retroceso legislativo en esta materia podría ser considerado una violación a los principios de no regresividad ambiental.
La advertencia enfatiza que la destrucción de estas reservas de agua afectaría directamente la supervivencia de las comunidades locales y la biodiversidad de la región andina.
Desde organizaciones como Greenpeace, se hace un llamado urgente al Congreso de la Nación para rechazar cualquier cambio que desproteja estos santuarios naturales, reafirmando que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares es una herramienta institucional clave para la soberanía hídrica y la adaptación al cambio climático.
En ese sentido, desde Naciones Unidas solicitaron, entre otros puntos:
- Explicaciones sobre la compatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, de acceso al agua, de cambio climático y de conservación y protección del ambiente.
- Información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos frente a posibles vulneraciones de las actividades empresariales, y explicar de qué manera el proyecto de reforma es coherente con dicho deber.
- Explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la información y una participación pública efectiva, conforme con las normas internacionales.
- Explicaciones sobre cómo el proyecto de reforma asegura el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Escazú.
- Información sobre el estado de implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las medidas adoptadas para garantizar que la participación de las empresas sea transparente, responsable y conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
