Comunidades indígenas del norte provincial llegarán en una marcha de resistencia este lunes hasta la Casa de Gobierno de Salta con reclamos que apuntan a las gestiones para protegerlos de los desalojos y los desmontes.
El peligro de los desalojos se acentuó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160. Con esta política, se abre la puerta a que las comunidades indígenas que disputan sus territorios con titulares particulares de las tierras puedan ser expulsadas a través de resoluciones judiciales.
Impacto de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena
“Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados y perseguidos por este gobierno nacional”, dijo al portal Salta/12 Tichil Mendoza, secretario y vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), al hacer referencia a la decisión tomada desde la gestión de Javier Milei.
Otra política que les preocupa es la que se aplicará a partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el 3 de enero pasado. La aprobación fue pese a las críticas de distintos sectores ambientalistas y referentes de comunidades originarias que insistieron en la falta de participación en el proceso de decisión del nuevo mapa en el que se define dónde se desmontará y dónde no.
Mendoza sostuvo que el gobierno provincial se apresta a autorizar el desmonte de más de 720 mil hectáreas, que posibilita el nuevo OTBN.
Las comunidades de la movilización esperan reunirse en el norte provincial con poblaciones originarias de Aguaray, Tartagal, la ruta 86 y la ruta 81, para llegar a la ciudad de Salta el lunes.
Resistencia a las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas
El referente añadió que tienen muchos problemas en lo que respecta a los centros de Salud, profesionales médicos, medicamentos, falta de agua y situación laboral. “No hay respuesta alguna a esos temas o los de vivienda”, afirmó.
“Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
De hecho, se desconocía la muerte de dos infantes de Rivadavia Banda Norte, que fallecieron con dos semanas de diferencia en comunidades originarias ubicadas en ese municipio de Coronel Juan Solá o Morillo. En ambos casos, habían tenido atención médica anterior, pero se presume que falló el seguimiento sanitario.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
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