La reserva natural de Finca Las Costas, ubicada en Salta, volvió a quedar bajo la lupa judicial tras un informe elevado a la jueza María Guadalupe Villagrán. El documento confirma la existencia de nuevas ocupaciones ilegales, construcciones recientes y resistencia a las inspecciones ordenadas por la Justicia.
El relevamiento fue realizado por el juez de Paz de Vaqueros, Eduardo Serfaty Arias, junto al guardaparque Matías Santa Ana, personal policial y autoridades de la reserva, en el marco del amparo colectivo iniciado en 2020 para frenar asentamientos irregulares dentro de la principal cuenca hídrica que abastece a la ciudad de Salta.
Riesgo para el agua potable
La gravedad del escenario radica en que Finca Las Costas aporta el 30 % del agua potable de Salta capital.
El crecimiento urbano clandestino se desarrolla sin infraestructura sanitaria, utilizando pozos ciegos y sistemas precarios de disposición de residuos, lo que representa un riesgo directo para la calidad del recurso hídrico.
Construcciones detectadas
El informe del 15 de abril de 2026 describe:
- Viviendas nuevas con paredes revocadas, techos de chapa y cierres perimetrales.
- Casas de gran porte, incluso de dos plantas, con tanques de agua y galerías.
- Corrales y alambrados permanentes.
- Maquinaria pesada vinculada al movimiento de áridos y extracción de material del río.
Hostilidad hacia la Justicia
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento es la resistencia de los ocupantes:
- Negativa a identificarse o responder preguntas.
- Rechazo a recibir notificaciones judiciales.
- Impedimento de ingreso a predios.
- Agresividad hacia la comisión, incluyendo corridas con perros.

Reserva permanente e intangible
Finca Las Costas fue declarada reserva natural permanente e intangible para preservar la cuenca productora de agua más importante de Salta. Ya en 2017 existían advertencias técnicas sobre el impacto de las construcciones clandestinas, señalando riesgos para el sistema de abastecimiento según parámetros de la OMS.
El caso acumula más de una década de medidas cautelares y prohibiciones de innovar que siguen siendo incumplidas.
El relevamiento judicial evidencia que las ocupaciones no responden únicamente a situaciones de vulnerabilidad social: se trata de construcciones consolidadas, inversiones significativas y ocupación sostenida dentro de un área protegida.
Nuevos capítulos del conflicto
En paralelo, surgió la polémica por la cesión en comodato de tierras al Tigres Rugby Club, que abrió una disputa con familias que se identifican como integrantes de la comunidad Lule y otros sectores vinculados al uso de tierras fiscales.
El informe judicial vuelve a poner en evidencia un problema ambiental y social de gran magnitud: la ocupación ilegal de la reserva Finca Las Costas amenaza directamente la seguridad hídrica de Salta. La falta de cloacas y el uso de pozos ciegos en todas las construcciones inspeccionadas refuerzan la urgencia de medidas efectivas para proteger un recurso estratégico y evitar que la expansión clandestina comprometa el futuro de la ciudad.



