La polémica por la venta y degustación pública de carne de burro en Chubut continúa generando repercusiones judiciales y ambientales. La causa quedó bajo análisis de la Fiscalía Ambiental de Rawson luego de la difusión de actividades realizadas en un comercio de Trelew.
El caso tomó estado público tras la promoción de empanadas y otros productos elaborados con carne de burro. La degustación, abierta al público y ampliamente difundida, provocó cuestionamientos de organizaciones proteccionistas y especialistas vinculados al bienestar animal.
Además, la fiscal especializada en delitos ambientales y maltrato animal, Florencia Gómez, confirmó que la investigación permanece en etapa preliminar y que ya se acumularon más de veinte denuncias provenientes de ONG de distintos puntos de Argentina y del Mercosur.
Por otra parte, la causa no se centra únicamente en la comercialización del producto, sino también en posibles incumplimientos de normativas sanitarias y en el impacto que este tipo de prácticas podría generar sobre la especie.
SENASA negó autorizaciones para consumo interno
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación involucra la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Según trascendió, representantes del organismo declararon ante la Fiscalía y negaron haber autorizado la faena o comercialización de carne de burro para consumo interno.
Asimismo, las autoridades remarcaron que la legislación vigente contempla principalmente la exportación de carne equina, aunque no habilita automáticamente la venta de productos derivados del burro dentro del mercado nacional.
En consecuencia, la investigación busca determinar si existieron permisos específicos, irregularidades administrativas o posibles violaciones al marco sanitario vigente. También se analiza el alcance de una supuesta “prueba piloto” mencionada por algunos involucrados.
Mientras tanto, especialistas sostienen que la ausencia de protocolos específicos para el expendio, trazabilidad y control sanitario genera un escenario legal ambiguo y potencialmente riesgoso para consumidores y productores.
El consumo de carne de burro en la Patagonia y el debate productivo
El consumo de carne de burro posee antecedentes limitados en distintas regiones del mundo, aunque en la Patagonia argentina nunca formó parte de una práctica alimentaria extendida. Por ese motivo, la situación despertó sorpresa y abrió un intenso debate social y cultural.
Algunos sectores plantean la posibilidad de desarrollar nuevos productos regionales a partir de especies equinas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas en bienestar animal advierten que los burros presentan tasas reproductivas bajas y poblaciones reducidas en comparación con otras especies ganaderas.
Además, remarcan que cualquier eventual aprovechamiento productivo debería contar con estudios poblacionales, controles sanitarios estrictos y regulaciones claras para evitar impactos negativos sobre los animales y los ecosistemas rurales.
Por otro lado, expertos vinculados a la conservación señalan que el manejo responsable de especies domésticas en ambientes patagónicos resulta fundamental para prevenir problemas de sobrepastoreo, degradación del suelo y desequilibrios ecológicos.
Normativas sanitarias y protección ambiental en discusión
La legislación argentina regula la industrialización de carne equina principalmente con fines de exportación. Sin embargo, el Código Alimentario Argentino no contempla específicamente la comercialización de carne de burro destinada al consumo habitual.
Debido a ello, actualmente no existen protocolos oficiales de faena, trazabilidad o expendio para este tipo de productos dentro del circuito interno formal. Esta situación deja amplios vacíos regulatorios y complica las tareas de fiscalización sanitaria.
Además, organizaciones proteccionistas sostienen que cualquier avance comercial sobre especies equinas debe contemplar criterios ambientales, bienestar animal y sostenibilidad productiva, especialmente en regiones sensibles como la Patagonia.
Mientras la investigación continúa en Rawson, las autoridades analizan posibles responsabilidades y evalúan nuevas medidas vinculadas al control sanitario y ambiental del caso que generó repercusión en todo el país.
