Un amplio espectro de expertos, instituciones científicas y organizaciones civiles manifestaron su rotundo rechazo a la propuesta del Ejecutivo que busca la reforma de la Ley de Glaciares y modificar la Ley 26.639, norma que establece los presupuestos mínimos para resguardar los glaciares y el entorno periglacial.

Esta postura fue expuesta durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado. Pese a las objeciones, el oficialismo logró emitir dictamen tras un tratamiento acelerado de apenas 48 horas.

No obstante, se confirmó que el debate en el recinto no será el 26 de diciembre, como se preveía originalmente, sino que se postergará hasta los primeros días de febrero.

En el encuentro celebrado en el Salón Arturo Illia, los especialistas coincidieron en que el proyecto gubernamental altera la estructura del actual sistema de protección.

Sostuvieron que la reforma fragmenta la preservación de recursos estratégicos como el agua y debilita el estándar nacional de presupuestos mínimos. Los expositores alertaron que un cambio de esta índole representa un retroceso en el derecho ambiental, resultando contraproducente frente a una crisis hídrica y climática que demanda políticas más rigurosas.

Sobre este punto, Andrés Nápoli, al frente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que la reforma opera bajo dos ejes críticos: «En primera instancia, achica la superficie protegida —que hoy representa solo el 0,21 % del país— para viabilizar la megaminería en zonas de alta montaña actualmente restringidas. En segundo lugar, delega en las provincias la potestad de elegir qué glaciares proteger, rompiendo la uniformidad de resguardo ambiental que manda la Constitución Nacional».

Por su parte, Agostina Rossi Serra, representante de Greenpeace Argentina, subrayó que ante el aumento de los riesgos ambientales las leyes deberían robustecerse. Calificó como «científicamente errónea» la premisa de que solo ciertas partes del ambiente periglacial merecen protección, añadiendo que «los glaciares no son trabas, sino elementos vitales contra el cambio climático«.

Las entidades advirtieron que la meta del proyecto no es optimizar el cuidado de las fuentes hídricas, sino satisfacer los requerimientos de las compañías mineras, algo que, según indicaron, se desprende de los fundamentos de la propia iniciativa.

En esa misma línea, Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recriminó a los legisladores que el proyecto destruye la estructura constitucional de los presupuestos mínimos. Planteó con preocupación si este precedente abriría la puerta para desproteger bosques, ríos o incluso alterar la Ley General del Ambiente.

Asimismo, se cuestionó la falta de pluralidad en el debate y la rapidez del dictamen. Las organizaciones señalaron como una irregularidad grave que no se realizaran consultas técnicas previas con especialistas para la redacción de la propuesta.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, su director Manuel Jaramillo calificó como «inadmisible» que no se haya consultado al IANIGLA, organismo científico clave y responsable del Inventario Nacional de Glaciares. Jaramillo afirmó que «aunque la minería responsable es necesaria, no puede realizarse sobre áreas glaciares o periglaciales«, criticando que se haya avanzado con el dictamen ignorando las fallas técnicas denunciadas.

Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), sumó que el proceso legislativo evidencia una «captura» de las políticas públicas por parte de intereses económicos. Según Testa, el sector minero influyó directamente en el proyecto a través de un bloque de gobernadores, priorizando un beneficio particular sobre una política de Estado de más de 15 años.

Finalmente, Hernán Casañas, director de Aves Argentinas, argumentó que los inversores serios no buscan una «libertad absoluta«, sino certidumbre y estándares altos. «El razonamiento económico del proyecto es inverso: las inversiones más importantes fluyen hacia naciones con mayores exigencias ambientales», sostuvo.

Según el análisis de las organizaciones, la reforma pretende forzar la legislación general para que encaje con proyectos mineros específicos que hoy son inviables legalmente. Advirtieron que, lejos de dar seguridad jurídica, esto generará más conflictos normativos y debilitará la licencia social de las empresas.

Al concluir su exposición, los disertantes instaron a la Cámara Alta a no aprobar una reforma que pone en peligro la seguridad hídrica y viola principios constitucionales. «Frente a la escasez de agua, retroceder en la protección de los glaciares es ilegal e irresponsable. La Ley de Glaciares debe ser respetada en su integridad, no vaciada de contenido», sentenciaron.

En la reunión participaron instituciones como FARN, Aves Argentinas, Greenpeace, CPA, AAAA y Vida Silvestre. También estuvieron presentes Pablo Villagra (director del IANIGLA), especialistas del CONICET como Gabriela González Trilla y Laura Isla Rafaele, y representantes de las cámaras mineras CAEM y CAPMIN.