Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino.
Mientras tanto, en Argentina, el senador Fernando ‘Pino’ Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el ‘megabasurero’ no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
El senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe ‘el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos’), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
