El gobierno anunció que no renovará los decretos 1040/20 y 70/23, que desde 2009 prohibían la exportación de chatarra metálica. La medida, comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reabre la posibilidad de comercializar estos residuos en mercados internacionales, lo que generó opiniones divididas entre los actores económicos.
Según Sturzenegger, esta decisión busca incentivar el reciclaje y abrir nuevas oportunidades comerciales. En este sentido, el ministro utilizó su cuenta de X para explicar que el presidente Javier Milei señaló que el poder del Estado no se debe utilizar para redistribuir los ingresos entre los actores del mercado de forma arbitraria.
Además, el ministro argumentó que la prohibición deprimía los precios locales de los desechos metálicos, desincentivando el reciclaje y limitando oportunidades económicas. Como ejemplo, mencionó que materiales como cables de cobre desechados por las compañías telefónicas, que tienen gran demanda en el mercado internacional, no podían ser exportados.
Por otra parte, sostuvo que la normativa favorecía exclusivamente a los procesadores locales de chatarra, pero perjudicaba a pequeños recicladores y empresas que generaban estos desechos. Según Sturzenegger, permitir la exportación impulsará el desarrollo de negocios relacionados con la valorización de residuos.
Preocupaciones de la industria local
Sin embargo, la medida anunciada por el Gobierno trajo preocupación en el sector metalúrgico. Por este motivo, dicho sector advirtió que esta decisión podría agravar la escasez de materia prima. Desde 2009, la normativa buscaba garantizar el abastecimiento interno de chatarra, un insumo clave para la producción de acero, cobre y aluminio.
En este sentido, la industria teme que la exportación de estos materiales incremente sus costos y afecte la competitividad de las empresas locales a lo largo de la cadena de valor. Por lo cual, argumentan que la situación actual de abastecimiento sigue siendo limitada y que la apertura de mercados externos podría empeorar este problema.
Contexto y antecedentes
La restricción a la exportación de chatarra metálica se implementó en 2009 con el objetivo de fortalecer a la industria siderúrgica nacional. En ese momento, el gobierno justificó la medida como una forma de garantizar el suministro interno de materiales clave para la producción y evitar el encarecimiento de productos como el acero.
La norma contemplaba suspender tanto las exportaciones definitivas como las temporarias de desechos de hierro, acero, aluminio y cobre, clasificados en determinadas posiciones arancelarias.
Impacto y perspectivas
La decisión actual plantea un debate sobre el equilibrio entre incentivar el reciclaje, abrir mercados internacionales y garantizar el desarrollo de la industria local. Mientras el gobierno destaca los beneficios económicos y ambientales de la medida, la industria advierte sobre posibles impactos negativos en su producción y costos.
El éxito de esta política dependerá de cómo se gestionen las necesidades del mercado interno frente a la apertura de nuevas oportunidades comerciales, así como del compromiso de todos los sectores para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo.
¿Cuál es la posición del Gobierno ante la exportación de chatarra metálica?
De acuerdo con lo informado en la página oficial del Gobierno, el decreto derogado prohibía la exportación de varios residuos industriales valorizados, como residuos metálicos o plásticos con el objetivo de pisar el precio local. Según las autoridades, esto no hacía más que favorecer a pocos empresarios en detrimento de la mayoría de las pymes.
Por lo cual, esta medida se alinearía con las recientes modificaciones al Código Aduanero, en donde la exportación de residuos valorizados ya no estará sujeta a prohibiciones. Para mantener cierto control sobre el cumplimiento de los tratados internacionales de movimientos fronterizos de residuos, la exportación debe ser formalizada a través de una declaración jurada, con fiscalización ex post a cargo de la Subsecretaría de Ambiente.
En este sentido, el Gobierno argumenta que alineando los precios locales con los internacionales, se incentivará la recolección de dichos residuos, aumentando las exportaciones y bajando los precios locales.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
