La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró inadmisible un pedido para suspender nuevamente la construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz.
La decisión mantiene habilitadas las obras de las centrales Represa Presidente Néstor Kirchner y Represa Gobernador Jorge Cepernic mientras el juicio principal continúa en instancias inferiores.
El reclamo había sido presentado por la Fundación Banco de Bosques junto con organizaciones ambientalistas que cuestionan los impactos ecológicos del proyecto.
Sin embargo, el tribunal consideró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, condición necesaria para habilitar una revisión extraordinaria. Por lo tanto, el expediente vuelve a los tribunales federales, que deberán analizar el fondo del conflicto ambiental.
Un conflicto ambiental que se arrastra desde 2016
La controversia judicial comenzó en 2016, cuando organizaciones ambientales lograron que se suspendiera la construcción de las represas. La medida buscaba garantizar que el Estado cumpliera con estudios de impacto ambiental y realizara audiencias públicas obligatorias.
Estas exigencias se establecen en la legislación argentina para proyectos hidroeléctricos de gran escala. Con el paso de los años, el Gobierno presentó informes técnicos y llevó adelante los procedimientos requeridos.
A partir de esa documentación, los tribunales consideraron que la condición para levantar la suspensión había sido cumplida. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el levantamiento de la medida cautelar.
Informes científicos incorporados al expediente
Durante el proceso judicial se incorporaron estudios elaborados por distintos organismos científicos y técnicos del país. Entre ellos se encuentran informes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
También participó la Administración de Parques Nacionales con evaluaciones relacionadas con áreas protegidas cercanas. Estos estudios analizan aspectos clave como la estabilidad geológica, el impacto en glaciares y los posibles efectos sobre ecosistemas patagónicos.
Según la Corte, esta información técnica será fundamental para el análisis definitivo del caso en los tribunales inferiores. Además, los jueces indicaron que el debate ambiental sigue abierto y podrá resolverse en futuras sentencias.
Implicancias ambientales de las represas en el río Santa Cruz
Las represas hidroeléctricas representan una de las mayores obras energéticas proyectadas en la Patagonia argentina. Su construcción sobre el Río Santa Cruz genera debate debido a los posibles impactos sobre ecosistemas naturales y paisajes glaciares.
Uno de los principales cuestionamientos se vincula con la alteración del flujo natural del río, que podría modificar hábitats acuáticos y procesos ecológicos. Además, especialistas advierten que la modificación del régimen del agua puede afectar la fauna que depende de estos ambientes.
Otro punto de preocupación es la cercanía del proyecto a zonas de glaciares y ambientes protegidos de la región patagónica. Los cambios en el caudal y en la dinámica sedimentaria del río también podrían influir en el equilibrio de estos sistemas naturales.
Al mismo tiempo, los defensores del proyecto destacan que la energía hidroeléctrica produce electricidad con menores emisiones de carbono que los combustibles fósiles. Por esta razón, el desafío consiste en equilibrar la generación de energía renovable con la protección de ecosistemas sensibles.
Un proceso judicial que aún no tiene resolución final
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el expediente vuelve al juzgado de primera instancia que interviene en el caso. Los tribunales deberán evaluar las pruebas ambientales y resolver si la construcción cumple con la normativa vigente.
Mientras tanto, la autorización para continuar con las obras de las represas sigue vigente. El resultado final del juicio será determinante para definir el futuro del proyecto hidroeléctrico en la Patagonia.
Además, el caso se convirtió en un precedente clave sobre cómo compatibilizar infraestructura energética y protección ambiental en Argentina.
