La legisladora Lucía Klug, diputada de Unión por la Patria (UxP) y vinculada a Juan Grabois, presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La propuesta pretende gravar las emisiones de la ganadería y canalizar fondos hacia la mejora de la gestión de residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, la iniciativa generó un rechazo inmediato en el sector agropecuario, que cuestiona tanto el costo económico como la falta de sustento técnico de la medida.
Fundamentos del proyecto
El texto legislativo se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la creación de un fondo fiduciario. Este fondo buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a través de una gestión adecuada de residuos, en línea con la Ley N° 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Según Klug, la tasa responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.
Emisiones en Buenos Aires y Argentina
De acuerdo con el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires es una de las principales emisoras del país, generando cerca de un cuarto del total nacional de gases de efecto invernadero.
- Dentro de las emisiones provinciales, el 27 % corresponde a metano (CH4).
- La ganadería es responsable del 19 % de esas emisiones, principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol.
- La gestión de residuos sólidos urbanos aporta otro 6 %.
Otros focos relevantes incluyen los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto, que también liberan metano.
Reacción del sector ganadero
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) rechazó de inmediato la propuesta.
En un comunicado, la entidad expresó:
“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”.
El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, calificó la TAMBA como “un impuesto encubierto al trabajo rural” y agregó:
“La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva récord”.
La entidad también criticó la falta de consulta previa y cuestionó la eficiencia del gasto público provincial y municipal, señalando que “una vez más se opta por incrementar la presión fiscal en lugar de modernizar la gestión estatal”.
Contexto nacional de las emisiones de metano
En Argentina, las emisiones de metano provienen principalmente de:
- Agricultura y ganadería bovina: en 2022, la fermentación entérica del ganado representó el 54 % de las emisiones de metano.
- Sector energético: fugas y venteo en la producción y distribución de gas y petróleo aportaron el 17 %.
- Residuos sólidos urbanos: generaron el 12 %.
La extracción en Vaca Muerta ha incrementado las emisiones energéticas, mientras que vertederos como el Relleno Sanitario Norte 3 en Buenos Aires han registrado fugas masivas de metano.
Antecedente internacional: el caso de Dinamarca
A nivel global, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país en gravar directamente las emisiones de metano provenientes del ganado.
- A partir de 2030, las emisiones de vacunos y porcinos serán gravadas con 300 coronas (USD 44) por tonelada equivalente de CO₂.
- La cifra aumentará a 750 coronas (USD 102) en 2035, según un acuerdo alcanzado en 2024 entre el gobierno, parte de la oposición y representantes de los sectores ganadero, industrial y sindical.
Este antecedente internacional refuerza el debate sobre cómo los países deben enfrentar el impacto del metano, el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.
El proyecto TAMBA abre un debate complejo en Buenos Aires: cómo equilibrar la responsabilidad ambiental con la sostenibilidad económica del sector ganadero. Mientras la iniciativa busca alinear la provincia con los compromisos climáticos globales, el rechazo del sector rural evidencia la necesidad de diálogo, consenso y datos técnicos sólidos para avanzar en políticas que reduzcan emisiones sin afectar la producción y el empleo.
