La deforestación ilegal en Argentina no se detiene. En los primeros seis meses de 2025, Greenpeace identificó que más de 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron destruidas en Santiago del Estero y Chaco, un equivalente a una vez y media la ciudad de Buenos Aires.
La organización ambiental denunció que, pese a los compromisos internacionales asumidos por el país, la destrucción de bosques sigue siendo una práctica común y muchas veces encubierta por los propios gobiernos provinciales.
El monitoreo satelital mostró que Santiago del Estero fue la provincia más afectada, con más de 22.000 hectáreas desmontadas, seguida por Chaco, donde la cifra superó las 8.600 hectáreas, incluso bajo una medida judicial que prohibía los desmontes.
Las multas actuales no resultan efectivas como herramienta disuasoria. Mientras tanto, el daño al ambiente se intensifica, con consecuencias que se extienden mucho más allá del terreno perdido.
Desmontes y complicidad estatal
Según Greenpeace, en Santiago del Estero se siguen autorizando desmontes en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques. En Chaco, a pesar de un fallo judicial que suspendió los permisos, la fiscalización resulta débil o inexistente.
Este accionar no solo pone en jaque la biodiversidad local, sino que también viola los compromisos adquiridos por Argentina, como el objetivo de deforestación cero para 2030 pactado en la Cumbre de Glasgow.
Además, el desmonte no siempre responde a necesidades sociales, sino que muchas veces beneficia a intereses privados relacionados con la expansión de la frontera agropecuaria o la especulación con la tierra.
La falta de sanciones penales refuerza la impunidad: los responsables consideran las multas como un gasto más dentro del negocio. Sin un marco legal más estricto, la deforestación continuará erosionando los ecosistemas más frágiles del país.
Consecuencias ambientales de la deforestación
Los desmontes generan un impacto ambiental profundo y, en muchos casos, irreversible. La pérdida de cobertura forestal expone los suelos a procesos de erosión, lo que favorece la desertificación y reduce la capacidad de retener agua.
La desaparición de bosques implica también la pérdida de hábitats esenciales para numerosas especies animales y vegetales. Algunas de ellas, ya en peligro, podrían extinguirse al no poder adaptarse a la nueva realidad ambiental.
Además, los bosques actúan como reguladores climáticos, absorbiendo carbono y estabilizando temperaturas. Su destrucción contribuye directamente al cambio climático, agravando fenómenos como sequías prolongadas e inundaciones intensas.
También se ven afectados los recursos de comunidades indígenas y campesinas, que dependen del monte para obtener alimentos, medicinas naturales y madera. La deforestación forzada implica, muchas veces, su desplazamiento o marginación.
Una campaña que salva vidas
La campaña “Votá por los Bosques”, impulsada por Greenpeace, propone que tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales intencionales se tipifiquen como delitos penales. Más de 267.000 personas ya adhirieron a la iniciativa.
La protección del bosque nativo no solo es una responsabilidad ambiental, sino también una medida urgente de salud pública, justicia social y defensa de la vida. Preservarlo es defender un equilibrio que beneficia a todos los habitantes del país.
Sin sanciones efectivas, ni controles reales, la deforestación continuará avanzando sobre los últimos pulmones verdes del norte argentino. La urgencia de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
