Un jurado en Dakota del Norte (EEUU) condenó a Greenpeace a indemnizar con más de 660 millones de dólares a Energy Transfer (ET), una empresa energética que acusó a la ONG de organizar una campaña de violencia y difamación contra su oleoducto Dakota Access.
Este fallo representa un duro golpe para Greenpeace y ha generado un debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Estados Unidos.
El conflicto legal
Energy Transfer demandó a Greenpeace por cargos como allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad durante las protestas entre 2016 y 2017 contra el oleoducto Dakota Access.
Según la tribu indígena sioux de Standing Rock, este proyecto atraviesa lugares sagrados y pone en riesgo fuentes de agua potable. A pesar de las movilizaciones masivas, el oleoducto entró en funcionamiento en 2017.
El caso fue inicialmente desestimado en un tribunal federal, pero Energy Transfer presentó una nueva demanda en Dakota del Norte. Tras más de dos días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, imponiendo la millonaria multa.
Reacciones y controversias de la condena a Greenpeace
Greenpeace ha declarado que apelará la sentencia y ha acusado a Energy Transfer de utilizar procedimientos judiciales para reprimir la disidencia. Sushma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, señaló que «no se puede llevar a la quiebra a un movimiento».
Mientras tanto, la ONG Internacional ha presentado una contrademanda contra ET en los Países Bajos, argumentando que estas acciones buscan amedrentar y silenciar.
El juicio ha sido considerado por críticos como un ejemplo de «demandas estratégicas contra la participación pública» (SLAPP), que buscan desincentivar la protesta legítima. Michael Burger, académico de la Universidad de Columbia, advirtió que estas demandas deberían ser analizadas bajo estrictas legislaciones anti-SLAPP.
Implicaciones para las protestas y el medioambiente
Aunque el fallo podría enfriar las protestas que impliquen obstrucción física, no debería afectar a las manifestaciones pacíficas, aseguró Michael Gerrard, experto en derecho medioambiental.
Sin embargo, este caso pone en evidencia las crecientes tensiones entre empresas de combustibles fósiles, activistas y comunidades afectadas, y plantea preguntas sobre el equilibrio entre desarrollo energético y derechos civiles.
Foto de portada: AFP
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